La confrontación política y judicial entre el estado de Nueva York y la administración Trump volvió a intensificarse en Estados Unidos, luego de que la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James presentaran una demanda para defender un paquete de leyes estatales enfocadas en la transparencia de las fuerzas del orden y la regulación de su participación en temas migratorios. El caso, reportado por la Agencia EFE, se centra en una norma que busca limitar el uso de pasamontañas por parte de agentes y reforzar la identificación visible durante operativos, en medio del debate sobre inmigración en Estados Unidos y en Nueva York.
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Nueva York demanda al Gobierno de Trump para prohibir que agentes usen pasamontañas
Según la Agencia EFE, el gobierno estatal reaccionó tras una demanda previa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que busca bloquear la entrada en vigor de estas medidas. La administración federal sostiene que las restricciones interfieren con el trabajo de los agentes migratorios, mientras que Nueva York defiende su autonomía para regular la actuación policial dentro de su territorio.
Entre las disposiciones más discutidas está la prohibición de que agentes locales, estatales y federales utilicen mascarillas o pasamontañas que oculten su identidad durante operativos. La ley exige que los funcionarios porten identificación visible, con el objetivo de reforzar la confianza pública y evitar suplantaciones durante intervenciones oficiales.
La demanda responde a la acción del Gobierno de Trump para frenar normas que entraban en vigor este viernes.
En palabras de la gobernadora Hochul, citadas por la Agencia EFE, la postura del estado es clara: "En Nueva York creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven".
Conflicto legal migratorio en Nueva York y límites de la autoridad federal en Estados Unidos
El fondo del caso también gira en torno a la llamada ley "Policías Locales, Delitos Locales", que restringe los acuerdos de cooperación migratoria entre autoridades locales y federales, como los programas 287(g). Con ello, Nueva York busca que los recursos policiales se concentren en la seguridad comunitaria y no en tareas de deportación relacionadas con la inmigración en Estados Unidos.
Desde el gobierno estatal, Letitia James defendió la normativa señalando, según Agencia EFE, que "los agentes del orden deben ser claramente identificables y los recursos locales deben utilizarse para atender las necesidades de seguridad pública de nuestras comunidades". Sin embargo, el Departamento de Justicia de la administración Trump acusa a Nueva York de exceder sus competencias. El fiscal general adjunto Stanley Woodward advirtió, también citado por Agencia EFE, que "el estado no puede decirles a los agentes federales cómo realizar su trabajo", al considerar que las restricciones podrían afectar la seguridad de los funcionarios federales.
El caso podría convertirse en un precedente clave sobre los límites de los estados frente a la política migratoria federal en Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión entre Nueva York y la administración Trump.
