Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) oficializaron este fin de semana un acuerdo que establece a Kinshasa como un nuevo punto de recepción para inmigrantes deportados por la agencia migratoria ICE desde territorio estadounidense hacia terceros países. La medida, que comenzará a aplicarse en abril, representa un giro en la política de deportaciones y vuelve a poner sobre la mesa el impacto humano y legal de estas prácticas.

Organizaciones de derechos humanos instan a países africanos a no respaldar acuerdos de deportación con EE. UU.

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Inmigrantes deportados por ICE ahora llegan a Kinshasa, capital del Congo
El Gobierno de la RDC presentó el convenio como un "dispositivo de acogida temporal" en la capital congoleña, resultado del trabajo conjunto con Estados Unidos y que, según las autoridades locales, está impregnado de "dignidad humana y solidaridad internacional". Según EFE Noticias, el mecanismo no constituye una reubicación permanente ni una forma de externalización de políticas migratorias, sino una respuesta puntual para procesar casos de inmigrantes destinados originalmente a países con los que no mantienen lazos directos.
Desde el Ministerio de Comunicación de la República Democrática del Congo se detalló, citando a EFE Noticias, que "todos los costos logísticos del acuerdo corren a cargo de Washington, sin carga para el Tesoro congoleño", y que cada expediente será valorado de manera individual, de acuerdo con la legislación congoleña y los parámetros de seguridad nacional. Este enfoque deja claro que la RDC no asumirá la responsabilidad de reasentar a largo plazo a los afectados, sino que funcionará como un punto temporal de recepción.
Este acuerdo se enmarca en intereses estratégicos: el pacto con Kinshasa coincide con la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica y con la compra de minas de cobre y cobalto por parte de empresas estadounidenses, lo que sugiere que la disposición congoleña para recibir deportados podría estar ligada a estos objetivos económicos y geopolíticos.
Deportaciones de ICE en Estados Unidos generan críticas por impacto humano y costos
Con la incorporación de la República Democrática del Congo al programa de deportaciones de ICE, este se une a otros países africanos como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. El programa ha demostrado ser costoso y con resultados limitados: según EFE Noticias, el Senado indicó que Estados Unidos gastó 40 millones de dólares para deportar alrededor de 300 personas a terceros países, destacando casos extremos como el de Guinea Ecuatorial, donde el costo por cada individuo alcanzó los 282.000 dólares y los 29 migrantes involucrados quedaron sin posibilidad de acceder al asilo.
Organizaciones como Mobile Pathways indican que más de 13.000 inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes han sido enviados a países sin vínculos, lo que llevó al juez federal Brian Murphy a declarar ilegal la política por violar la ley de inmigración y el debido proceso, aunque el programa sigue operando bajo otras modalidades. El caso de migrantes cubanos deportados a Sudán del Sur y Esuatini evidencia la falta de protección y asistencia legal.