Las autoridades federales del Department of Homeland Security (DHS) adquirieron a fines de febrero un gran almacén en Roxbury, con la intención de construir un nuevo centro de detención del Immigration and Customs Enforcement (ICE). La decisión ha generado un rechazo masivo entre líderes políticos, activistas comunitarios y residentes del área.
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La instalación, que podría alojar hasta 1.500 detenidos a la vez, ha provocado manifestaciones en el condado y críticas públicas de funcionarios estatales que cuestionan la falta de transparencia del gobierno federal en el proceso de adquisición y en la planificación del proyecto.
Nueva instalación del ICE en Roxbury y detalles de la compra
El almacén, ubicado sobre la Ruta 46 en Roxbury, tiene aproximadamente 470.000 pies cuadrados y fue adquirido el pasado 19 de febrero por US$129.3 millones a Dalfen Industrial, a través de su filial Roxbury Property Owner LP. Según reportes locales, la propiedad había estado vacía durante dos años, y el banco de inversión Goldman Sachs, socio mayoritario del fondo que administraba el inmueble, explicó que la venta respondía a una obligación fiduciaria con los inversionistas.
DHS abre nuevo centro de detención del ICE en Roxbury, Nueva Jersey, y provoca rechazo masivo.
El DHS planea transformar este espacio en una instalación de detención estructurada, cumpliendo con los estándares federales y con capacidad para albergar a un gran número de detenidos bajo jurisdicción migratoria, lo que permitirá incrementar significativamente la capacidad del sistema de detención en la región.
Rechazo de autoridades y protestas ciudadanas
La compra del nuevo centro de detención del ICE en Roxbury generó fuerte oposición de autoridades de Nueva Jersey. La gobernadora Mikie Sherrill criticó la falta de comunicación y transparencia del DHS con los residentes y aseguró que utilizará “todos los recursos disponibles para proteger a la comunidad” de posibles impactos negativos.
El congresista del séptimo distrito, Tom Kean Jr., presentó la “Ley de Protección del Contribuyente Local de 2026”, destinada a que municipios como Roxbury no asuman costos asociados con instalaciones federales de detención o procesamiento.
En paralelo, centenas de manifestantes y organizaciones civiles se han pronunciado en contra del proyecto, denunciando que la expansión del ICE podría afectar a las comunidades inmigrantes. Líderes locales destacaron que se trata de un tema que trasciende partidos políticos y afecta a toda la población estadounidense.