La cooperación entre agencias locales de aplicación de la ley y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emergido como uno de los frentes más tensos de la política migratoria en Estados Unidos. Bajo programas que permiten a policías locales actuar en conjunto con agentes federales, ciudades y condados de estados pro‑ICE están firmando acuerdos que amplían la capacidad de arrestar y deportar inmigrantes.
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Al mismo tiempo, numerosos estados y jurisdicciones con gobiernos más críticos de estas políticas están tratando de bloquear, limitar o incluso prohibir estas alianzas, lo que ha creado un choque político interno que deja a millones de inmigrantes en situación crítica y con incertidumbre sobre su seguridad y derechos civiles.
Qué son las cooperaciones con ICE y cómo se expanden
El programa conocido como 287(g) permite a las agencias de policía estatal y local firmar acuerdos con ICE para recibir autoridad delegada para ejecutar funciones de inmigración, como identificar, detener o transferir a inmigrantes hacia custodia federal.
Conflicto entre estados por cooperación con ICE deja a inmigrantes en riesgo.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el número de estas alianzas ha crecido exponencialmente. En muchos estados, especialmente en el sur y centro del país, departamentos de policía y sheriff locales se han unido en masa a este esquema, ampliando la presencia de ICE incluso fuera de cárceles, llegando a rutinas de patrullaje y detenciones basadas en sospecha de estatus migratorio.
Estados pro‑ICE vs. estados que resisten
Los estados con gobiernos republicanos han adoptado políticas que impulsan o incluso exigen la firma de acuerdos 287(g). En lugares como Florida, Texas, Oklahoma y otros, las autoridades locales han formalizado alianzas con ICE, lo que ha aumentado el número de arrestos y ha expandido la huella de la aplicación migratoria federal por todo el territorio. Este impulso ha generado preocupación dentro de las comunidades inmigrantes y de defensores de derechos civiles, que argumentan que estas cooperaciones erosionan la confianza entre la policía y los residentes, llevan a mayor perfil racial y dificultan que personas vulnerable acudan a las autoridades incluso para reportar crímenes.
En contraste, estados con legislaturas y ejecutivos demócratas han promovido leyes que limitan o prohíben este tipo de acuerdos. En lugares como Nueva York y Maryland, se avanzan proyectos de ley para impedir que cuerpos policiales locales sean "deputizados" por ICE, basados en el argumento de que estas alianzas socavan derechos constitucionales y ponen en riesgo a las comunidades migrantes.
Impacto directo en inmigrantes
Para inmigrantes, especialmente aquellos indocumentados o con estatus legal frágil, la rápida expansión de acuerdos con ICE ha tenido consecuencias profundas:
- Incremento de detenciones y deportaciones fuera del sistema federal tradicional, a través de agentes locales con autoridad para ejecutar órdenes migratorias.
- Temor a interactuar con la policía local, reduciendo denuncias de crímenes y acceso a servicios comunitarios, por miedo a ser identificados y entregados a ICE.
- Confianza quebrada en la seguridad pública, pues en muchos lugares la cooperación con ICE se percibe como una extensión de operativos de deportación severos en lugar de esfuerzos focalizados en crímenes graves.
Estados aliados y opositores de ICE
Estados que cooperan con ICE (mayormente "pro‑ICE")
- Texas – exige a agencias locales cooperar; muchas fuerzas de tarea activas.
- Florida – mandato estatal para cooperar con ICE desde 2022.
- Georgia – obligó a la policía local a colaborar tras asesinato de Laken Riley en 2024.
- Arkansas – se unió a la exigencia de cooperación.
- Carolina del Sur – considerando legislación similar.
- Kentucky – considerando legislación similar.
- Tennessee – probable mandato para exigir cooperación a todas las agencias locales.
Estados que limitan o prohíben la cooperación con ICE (mayormente "anti‑ICE" o estados azules)
- California – prohíbe nuevas asociaciones 287(g).
- Washington, Oregon, Colorado, Illinois, Nueva Jersey – han avanzado para limitar o prohibir la cooperación local con ICE.
- Nuevo México – recientemente firmó ley prohibiendo acuerdos 287(g).
- Massachusetts – orden ejecutiva que prohíbe nuevos acuerdos.
- Vermont y Hawái – considerando límites.
- Nueva York – gobernadora Hochul propone prohibir futuros acuerdos y limitar los existentes; la ciudad de Nueva York mantiene políticas de "ciudad santuario".
- Virginia – derogó orden anterior obligando a cooperar.
- Arizona – gobernadora Hobbs vetó proyecto de ley republicano para obligar cooperación.
- Michigan, Ohio, Wisconsin – críticas a ICE, pero no han prohibido acuerdos.
