En un contexto marcado por protestas, indignación social y un fuerte cuestionamiento a los operativos migratorios, el gobierno federal anunció un cambio que impacta de lleno en las redadas del ICE en Minneapolis. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que todos los agentes del DHS que participen en estos operativos deberán usar cámaras corporales de forma inmediata.
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La decisión se produce luego de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses durante redadas migratorias en esa ciudad, hechos que desataron manifestaciones y reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza y la falta de controles en este tipo de operativos.
Tras protestas y muertes, el DHS impone cámaras obligatorias en operativos migratorios en Minneapolis.
Cámaras corporales tras los tiroteos en Minneapolis
El anuncio fue realizado por Noem a través de la red social X, donde adelantó que la medida no quedará limitada a Minneapolis. “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, escribió la funcionaria, dejando en claro que el objetivo es avanzar hacia una implementación nacional a medida que se habiliten fondos.
Minneapolis pasó así a convertirse en el epicentro del escrutinio público sobre el accionar de los agentes migratorios, especialmente por la ausencia de registros audiovisuales que permitan reconstruir con claridad qué ocurrió durante los operativos que terminaron en tragedia.
Reclamos de transparencia y presión social
Desde los episodios fatales, organizaciones de derechos civiles, líderes comunitarios y legisladores intensificaron los reclamos para que los agentes migratorios porten cámaras corporales, al menos durante arrestos y controles en zonas sensibles.
Para estos sectores, la falta de grabaciones dificulta las investigaciones, deja a las familias sin respuestas y favorece la desconfianza entre las comunidades afectadas y las autoridades federales. Las cámaras aparecen, en ese marco, como una herramienta clave para aportar transparencia y establecer responsabilidades.
Un giro político en el uso de cámaras corporales
La orden también refleja un cambio de rumbo político. En 2022, el entonces presidente Joe Biden había dispuesto el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes federales, como parte de una reforma tras casos de violencia policial. Esa medida fue luego revocada por Donald Trump, quien argumentó que imponía trabas burocráticas a las fuerzas del orden.
El escenario volvió a cambiar en las últimas semanas. Según trascendió, Noem avanzó con la decisión luego de que Trump respaldara públicamente el uso de cámaras. Durante un vuelo de Florida a Washington, el presidente afirmó que estos dispositivos “podrían ayudar a las fuerzas del orden”, lo que terminó de destrabar la medida dentro del DHS.
Qué implica para el ICE y para la comunidad inmigrante
En la práctica, la orden obliga a los agentes del ICE y otras divisiones del DHS que operen en Minneapolis a actuar bajo registro audiovisual constante. Esto podría ser determinante en casos de uso excesivo de la fuerza, arrestos irregulares o violaciones de protocolos durante redadas.
Para la comunidad latina, históricamente impactada por estos operativos en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos, la medida es vista como un avance, aunque persisten interrogantes clave: quién controla las grabaciones, cuánto tiempo se conservan y en qué condiciones pueden acceder a ellas la Justicia o las familias afectadas.
Además, el compromiso de extender el programa “cuando haya fondos” deja abierta una duda central sobre la rapidez con la que esta política llegará a otros estados como Texas, California, Florida o Illinois, donde las redadas migratorias siguen siendo parte del día a día de millones de inmigrantes.
