Durante años, no abrir la puerta a los agentes de inmigración sin una orden judicial firmada por un juez fue una de las principales recomendaciones para los inmigrantes en Estados Unidos. Esa práctica, basada en la Cuarta Enmienda, podría dejar de ser una garantía absoluta.
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Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha encendido las alarmas al sugerir que los agentes pueden ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden judicial tradicional, un cambio que podría tener graves consecuencias para millones de personas.
Qué dice el ICE y por qué genera alarma
Según el documento, los agentes del ICE podrían entrar a una casa utilizando únicamente una orden administrativa, siempre que exista una orden final de deportación. Históricamente, este tipo de órdenes no permitía ingresar a espacios privados sin consentimiento.
Si una persona no abre la puerta los agentes podrían usar la fuerza para entrar dentro de un horario específico.
Expertos legales advierten que esta interpretación contradice décadas de precedentes judiciales y debilita una de las protecciones más básicas del sistema constitucional estadounidense: el derecho a sentirse seguro dentro del propio hogar.
Qué puede pasar si no abres la puerta
Si una persona no abre la puerta, los agentes deben identificarse, explicar el motivo de su presencia y dar una "oportunidad razonable" para cumplir la ley. Sin embargo, el memorando señala que, si eso no ocurre, podrían usar la fuerza para entrar dentro de un horario específico.
Abogados y defensores de derechos civiles alertan que esta práctica aumenta el riesgo de enfrentamientos peligrosos, errores de dirección y allanamientos a ciudadanos estadounidenses, además de generar miedo extremo en comunidades inmigrantes que ya viven bajo presión constante.
Un impacto que va más allá de los inmigrantes
Las nuevas tácticas se enmarcan en una ofensiva migratoria más agresiva impulsada por la administración de Donald Trump, con un aumento significativo de arrestos y operativos en todo el país.
Especialistas advierten que normalizar el ingreso forzado a viviendas sin orden judicial firmada por un juez no solo afecta a los inmigrantes, sino que representa un precedente preocupante para todas las personas en Estados Unidos, al debilitar derechos constitucionales fundamentales.