Un juez federal de Estados Unidos rechazó una demanda presentada por la Cámara de Comercio y avaló la tarifa de US$100.000 para visas H-1B, impuesta por el presidente Donald Trump a trabajadores extranjeros altamente calificados. El fallo representa un respaldo clave a una de las medidas migratorias más controvertidas de la administración.
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La decisión fue emitida por la jueza federal Beryl Howell, quien concluyó que el Congreso otorgó al presidente amplias facultades para imponer restricciones a la entrada de extranjeros, incluyendo tarifas extraordinarias en procesos migratorios.
Fallo judicial respalda la autoridad presidencial
En su dictamen de 56 páginas, la jueza Howell sostuvo que el Congreso pudo haber limitado el poder del Ejecutivo, pero decidió no hacerlo, lo que deja a Trump con plena autoridad para fijar condiciones de ingreso. La corte rechazó así los argumentos de las empresas y universidades que cuestionaban la legalidad de la tarifa.
Un juez federal avaló la tarifa de US$100.000 para las visas H-1B.
La demanda había sido presentada por la Cámara de Comercio de EE. UU., que representa a más de 300.000 empresas, junto con la Asociación de Universidades Americanas, que agrupa a 69 instituciones de investigación, las cuales argumentaban que la medida afectaba la innovación y el talento extranjero.
Impacto en empresas, tecnología y migración
El programa de visas H-1B está destinado a profesionales en ocupaciones especializadas, especialmente en el sector tecnológico, como ingenieros de software y expertos en tecnologías de la información. Antes de la tarifa, Estados Unidos otorgaba unas 85.000 visas H-1B al año, con una alta concentración en grandes empresas tecnológicas.
Compañías como Amazon, Microsoft y Meta se encontraban entre las mayores beneficiarias del programa, mientras que Walmart anunció la suspensión de nuevas contrataciones que requirieran visas H-1B. A nivel internacional, India concentró el 71% de las visas aprobadas, seguida por China, con poco más del 11%. La medida se enmarca en una política más amplia de endurecimiento migratorio, que prioriza a trabajadores estadounidenses frente a mano de obra extranjera.