El proceso de asilo en Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío que podría afectar gravemente los derechos de los inmigrantes. Las autoridades estadounidenses están implementando medidas legales que podrían permitir la deportación de solicitantes de asilo sin que estos tengan la oportunidad de presentar su caso ante un juez.
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La estrategia gubernamental alarma a defensores y abogados de inmigración.
Controvertida estrategia legal de EE. UU. permitiría deportar a solicitantes de asilo sin audiencia final
De acuerdo con Periódico Cubano, los abogados Anabel Fernández y Juan Carlos Ponton, del bufete Ponton & Fernández en Tampa, Florida, advierten sobre el uso creciente de una estrategia legal conocida como Motion to Determine. Este mecanismo busca enviar a migrantes solicitantes de asilo en EE. UU. a terceros países antes de que se lleve a cabo la audiencia final ante un juez de inmigración.
Según los expertos, esta práctica se sustenta en acuerdos de cooperación con países como Honduras, Guatemala, Ecuador y Uganda, bajo el argumento de que estos podrían ofrecer la misma protección que Estados Unidos. Sin embargo, muchos solicitantes de asilo no tienen vínculos con dichos países ni acceso a asistencia legal local, lo que pone en riesgo su seguridad y sus derechos fundamentales.
¿Cuál es el impacto de la medida en los inmigrantes?
De acuerdo con Periódico Cubano, la aplicación de estas mociones está complicando el proceso de asilo, ya que los inmigrantes no pueden testificar ni responder a las preguntas del juez, lo que elimina la posibilidad de defender su caso.
Juan Carlos Pontón asegura que esta táctica constituye un "ataque directo a los derechos de los inmigrantes" y resulta especialmente peligrosa para quienes no cuentan con representación legal.
El uso de estas medidas refleja un endurecimiento de la política migratoria, dejando a los solicitantes de asilo en una situación vulnerable y con acceso limitado a la justicia. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y abogados especializados alertan que, de continuar esta práctica, se pondrán en riesgo los principios fundamentales del debido proceso en Estados Unidos.