Una jueza federal en Washington ha rechazado la orden ejecutiva de Donald Trump que obligaba a los ciudadanos estadounidenses a presentar prueba documental de ciudadanía, como pasaporte o identificación oficial, para inscribirse en el registro federal de votantes. La medida, impulsada por el presidente en marzo de este año, había generado controversia entre organizaciones políticas y de derechos civiles.
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El fallo, emitido por la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, responde a una demanda presentada por organizaciones demócratas y de derechos civiles, que argumentaban que la disposición violaba la Constitución y limitaba el acceso al derecho al voto. Con ello, se da un nuevo revés judicial a Trump, mientras se protegen los derechos de los votantes y se respeta la separación de poderes en Estados Unidos.
La medida presidencial era inconstitucional
Según la jueza Kollar-Kotelly, el presidente no tiene autoridad para modificar las reglas del registro electoral, ya que estas competencias corresponden exclusivamente a los estados y al Congreso. La orden ejecutiva de Trump que exigía prueba de ciudadanía se consideró una violación de la separación de poderes y un obstáculo injustificado para los ciudadanos que desean registrarse y participar en las elecciones.
Jueza rechaza orden de Trump para exigir prueba de ciudadanía en las votaciones.
El fallo judicial amplía una orden de bloqueo temporal emitida semanas atrás y detiene la aplicación completa de la medida. La decisión refuerza que la Casa Blanca no puede imponer cambios unilaterales en el proceso de registro de votantes sin autorización legislativa.
El argumento de fraude electoral pierde fuerza
El Gobierno de Trump justificó la orden alegando que migrantes indocumentados podrían votar ilegalmente en elecciones federales. Sin embargo, diversos estudios y reportes oficiales muestran que los casos de fraude electoral en Estados Unidos son extremadamente raros y no han tenido impacto significativo en los resultados de las elecciones.
Expertos en derechos civiles destacan que la iniciativa formaba parte de un intento de restringir la participación electoral, especialmente entre minorías e inmigrantes naturalizados. El fallo de la jueza envía un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial y refuerza la protección del derecho al voto de todos los ciudadanos estadounidenses.