El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva normativa que obliga a todos los extranjeros, sin importar su estatus migratorio, a ser fotografiados al ingresar y salir del país. Esta medida, impulsada por la administración de Trump, busca ampliar el uso de datos biométricos y sistemas de reconocimiento facial, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el posible impacto en los inmigrantes indocumentados.
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Estados Unidos tiene una nueva exigencia para todos los inmigrantes que ingresen o salgan del país
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que todos los inmigrantes y no ciudadanos sean fotografiados al ingresar y salir de Estados Unidos. Aunque anteriormente se requerían fotografías y huellas dactilares únicamente a ciertos inmigrantes y visitantes extranjeros en lugares específicos, la nueva normativa amplía esta práctica a todos los puntos de entrada y salida del país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementará un sistema integral para la recopilación de datos de todos los extranjeros, sin importar su punto de entrada o salida del país.
Estados Unidos registrará la fotografía de todos los extranjeros al ingresar y salir del país.
¿Cómo funciona la tecnología de reconocimiento facial?
La implementación de esta medida se basa en avances tecnológicos en comparación facial, lo que permite a la CBP realizar inspecciones más exhaustivas en los puntos de entrada y salida. Estas herramientas utilizarán la información de los pasajeros junto con las fotografías de pasaportes o solicitudes de visa para verificar la identidad de los viajeros.
El sistema de reconocimiento facial ya se aplica por completo en los viajes aéreos comerciales a la entrada, a través de un programa conocido como "Simplified Arrival". Se estima que la revisión de entradas y salidas en aeropuertos y puertos marítimos se completará en un plazo de tres a cinco años.
¿Cómo afectará a los inmigrantes indocumentados?
La nueva regulación ha generado preocupaciones entre defensores de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que señalan riesgos para la privacidad, especialmente de los inmigrantes indocumentados.
Aunque la normativa se sustenta en leyes aprobadas hace más de dos décadas, el uso actual de la tecnología de reconocimiento facial plantea interrogantes sobre su aplicación y las posibles consecuencias para quienes se encuentran en el país sin autorización.