Veinte estados, junto con Washington D. C., presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que el Gobierno retiene injustamente cientos de millones de dólares destinados a apoyar a víctimas de crímenes. Según los demandantes, esta medida busca presionar a los estados para que colaboren con las políticas federales de control migratorio.
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Estados demandan al gobierno Trump por condicionar fondos federales a víctimas de crímenes
Los estados, todos con fiscales generales demócratas, solicitaron a un juez federal que anule las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia para acceder a estos fondos. Las subvenciones están diseñadas para cubrir gastos esenciales como facturas médicas, asesoramiento, refugios de emergencia, líneas de ayuda y apoyo legal para las víctimas.
La demanda advierte que, si se mantiene esta retención, los estados enfrentarán la difícil decisión de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o reducir e incluso cerrar programas vitales para las víctimas más vulnerables.
Rob Bonta, fiscal general de California, calificó la acción como un intento flagrante e inapropiado de utilizar fondos que apoyan a los residentes vulnerables para obligar a los estados a cumplir con las políticas migratorias federales.
Conflictos entre estados y administración Trump por políticas migratorias
Esta demanda se suma a una serie de enfrentamientos legales entre la administración Trump y varios estados que defienden políticas santuario. El Departamento de Justicia, encabezado por la secretaria Pam Bondi, ha identificado 12 estados y múltiples condados y ciudades con estas políticas y ha iniciado acciones legales para hacer cumplir las leyes migratorias.