En el panorama político actual de Estados Unidos, la tensión entre la administración de Donald Trump y los estados que defienden a las comunidades migrantes se hace cada vez más clara. Aunque California lidera esta lucha con leyes y acciones legales, no enfrenta esta batalla sola. Otros estados también se unen para proteger los derechos de los inmigrantes.
Estados como Connecticut, Illinois, Oregón, Washington, Maryland y Colorado están tomando medidas para reforzar sus leyes y asegurar los derechos de los inmigrantes ante las políticas del gobierno federal.
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¿Qué reformas protegen a los inmigrantes en Connecticut y Colorado?
En Connecticut, se amplió la Trust Act, lo que permite que las personas afectadas por la colaboración indebida de las autoridades locales con el ICE puedan presentar demandas. Esta ley establece restricciones más claras sobre la cooperación entre los gobiernos locales y las agencias federales, lo que refuerza la protección de los derechos de los inmigrantes en el estado.
Colorado, por su parte, ha aprobado una ley que impide que las cárceles del estado detengan a personas con fines migratorios sin una orden judicial válida. También se ha limitado el acceso de agentes federales a lugares educativos y públicos. Estas nuevas medidas se suman a las que ya están en vigor en estados como Oregón, Washington y Maryland, donde se protege la información personal de los inmigrantes y se restringe su uso para trámites migratorios.
¿Cuál es el compromiso de Illinois con la inmigración?
Illinois también reafirma su compromiso con las políticas de santuario, a pesar de las demandas federales en curso. La administración estatal sostiene que estas normas son constitucionales y buscan proteger tanto los derechos individuales como la seguridad de las comunidades. Este enfoque resalta la importancia de defender los derechos de los inmigrantes en un clima político adverso.
California presenta demanda contra Trump
California demandó al presidente Donald Trump por desplegar de forma "ilegal" a la Guardia Nacional durante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. El fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom argumentan que la orden de Trump violó la soberanía estatal. Bonta confía en que el estado ganará la demanda para anular la federalización de la Guardia Nacional.
California ha liderado el camino con la aprobación de reformas que restringen el acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y residencias sin una orden judicial. Además, se ha creado un fondo de US$50 millones destinado a financiar la defensa legal de los inmigrantes. Estas medidas subrayan la determinación del estado de proteger a sus residentes más vulnerables frente a las políticas migratorias agresivas del gobierno federal.