El presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia migratoria al exponer públicamente una lista de ciudades, condados y estados identificados como “jurisdicciones santuario”, las cuales, según su administración, obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Aunque el listado fue retirado del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la secretaria Kristi Noem afirmó que lo cometido por estos lugares es un error y deben cumplir con las leyes federales. Siendo así, las medidas de las administración forman parte de una ofensiva contra comunidades que protegen a inmigrantes indocumentados, a quienes Trump y sus aliados acusan de “poner en riesgo la seguridad pública” al negarse a colaborar plenamente con ICE.
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Trump promete deportaciones masivas y castigo a jurisdicciones que protejan migrantes
Según The Economic Times, durante su campaña presidencial, Trump había prometido ejecutar “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”. Esta política incluye redadas masivas, expansión de centros de detención, y el despliegue de fuerzas como la Guardia Nacional para acelerar las expulsiones de inmigrantes indocumentados.
Como consecuencia, el DHS, bajo el liderazgo de Noem, emitió notificaciones a los gobiernos señalados en la lista, instándolos a modificar de inmediato sus políticas para alinearse con la agenda de inmigración de Trump. Además, se ha planteado la posibilidad de cortar el financiamiento federal a las jurisdicciones que se nieguen a colaborar. La exposición pública y la presión política son ahora herramientas clave en esta campaña de endurecimiento migratorio.
Los demócratas criticaron duramente las medidas migratorias de Donald Trump
La respuesta desde los estados demócratas no se ha hecho esperar. Gobernadores como Jared Polis, de Colorado, han dejado claro que las autoridades locales no pueden ser obligadas a aplicar leyes migratorias federales civiles. Polis subrayó que su deber es cooperar en investigaciones penales, pero que las redadas migratorias son competencia del gobierno federal: “No podemos apartar a nuestras fuerzas del orden de la lucha contra la delincuencia para que actúen como agentes de inmigración”.
También ciudades como San Diego, Nueva York y Chicago han cuestionado su inclusión en la lista, argumentando que nunca han adoptado formalmente políticas de “santuario”. Líderes locales denunciaron que esta estrategia solo busca intimidar a los gobiernos progresistas y condicionar la entrega de recursos federales esenciales.
Grupos defensores de los derechos humanos advirtieron que el enfoque de Trump pone en riesgo la seguridad de los inmigrantes, fomenta el miedo y deteriora la confianza entre las comunidades y la policía. Subrayan que, lejos de proteger al país, estas políticas generan más división y vulnerabilidad.
No todos están de acuerdo con las políticas del Departamento de Seguridad Nacional en torno a las ciudades santuario.