Una reciente postura del gobierno de Donald Trump ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito ha generado preocupación entre millones de inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostiene que el fiscal general puede cancelar una Green Card en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde su emisión.
Este argumento, presentado por la abogada Lindsay Murphy en el caso de Mohammad Qatanani, un palestino residente en Nueva Jersey desde 1996, evidencia cómo errores administrativos menores podrían justificar la revocación retroactiva del estatus migratorio, poniendo en riesgo a muchos inmigrantes.
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El caso de Mohammad Qatanani: un precedente para futuras revocaciones de Green Card
La controversia en torno a la residencia de Qatanani se centra en la afirmación de que su estatus no estaría "oficialmente concluido" debido a supuestas omisiones, como la falta de un número de visa asignado o la ausencia de actualizaciones biométricas. Según el Departamento de Justicia, estos detalles permitirían al gobierno reconsiderar el estatus migratorio en cualquier momento bajo "circunstancias excepcionales".
Si la Corte del Tercer Circuito respalda esta interpretación, se abriría la puerta a futuras revocaciones de Green Cards, sin importar el tiempo transcurrido desde su aprobación. Esto podría generar un efecto dominó que afectaría a millones de inmigrantes en todo el país.
Expertos en derecho migratorio cuestionan la nueva postura del gobierno Trump
La nueva postura del gobierno ha suscitado críticas entre especialistas en derecho migratorio. Amelia Wilson, docente de la Elisabeth Haub School of Law, enfatiza que el proceso para revocar una Green Card debe respetar garantías mínimas, como la notificación formal y el derecho a defensa. La falta de estos elementos podría llevar a una violación de derechos fundamentales.
Bradford Bernstein, abogado con experiencia en inmigración, advierte que aceptar este enfoque permitiría anular residencias legales por simples errores burocráticos, sin necesidad de demostrar fraude o mala conducta. Esto, según Bernstein, socavaría la confianza en el sistema migratorio y dejaría a millones de personas en un limbo legal.
Implicaciones nacionales de la decisión judicial en EE. UU.
Aunque la decisión de la Corte de Apelaciones impactaría directamente en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, existe el riesgo de que otros tribunales comiencen a replicar esta interpretación, generando un efecto dominó en todo el país. La posibilidad de que el caso escale hasta la Corte Suprema podría establecer un precedente vinculante para todo Estados Unidos.
Al no tratarse de una ley aprobada por el Congreso, sino de una reinterpretación administrativa, la implementación de esta postura sería más rápida, pero también más difícil de apelar por parte de los residentes legales.
Esto genera un riesgo para la comunidad inmigrante, cuya legalidad podría verse comprometida por decisiones administrativas.