El condado de Orange, en Florida, ha alcanzado un nuevo hito en la política migratoria de Estados Unidos al recibir 10000 órdenes de deportación emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta cifra ha causado preocupación entre los residentes debido a que pone en claro la creciente cooperación entre las autoridades locales y federales.
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El condado ha optado por colaborar con ICE bajo la presión de evitar la sobrecarga en las cárceles locales, mientras se ajusta a las estrictas normativas del gobierno estatal. Sin embargo, esto ha causado una ola de incertidumbre entre los habitantes, quienes temen que estas políticas puedan afectar negativamente su seguridad y bienestar.
¿En qué consiste ese acuerdo?
Como parte de este acuerdo, se capacitará al menos a 17 funcionarios correccionales del condado de Orange para que trabajen junto con los agentes de ICE. La capacitación tiene como objetivo que los oficiales locales adquieran las habilidades necesarias para identificar y procesar a inmigrantes indocumentados.
Pese a que esta colaboración es legal, ha causado críticas de defensores de los derechos humanos, quienes alertan sobre el posible aumento de discriminación racial y el perfilado en las comunidades. Además del impacto directo sobre los inmigrantes que podrían ser deportados, el acuerdo también tiene efectos colaterales en las familias que dependen de estos trabajadores indocumentados.
Florida en el ojo de la tormenta
El condado de Orange no es el único en Florida que ha adoptado medidas similares. Ajo la administración de Ron DeSantis, varias ciudades y condados de Florida, como Miami Dade, Tampa y Jacksonville, han firmado memorandos de entretenimiento con ICE para intensificar el control de la inmigración.
Estas políticas han colocado a Florida en el centro del debate nacional sobre la gestión de la inmigración y las políticas de deportación. Esto ha causado un ambiente tenso en la región, ya que, por un lado, las autoridades estatales insisten en la necesidad de mantener la seguridad pública y cumplir con las leyes federales, mientras que los defensores de los inmigrantes advierten sobre riesgos de criminalizar a grandes sectores de la población.