La Ley Laken Riley, la cual fue firmada por Donald Trump poco después de asumir su segundo mandato, amplía las facultades del gobierno de Estados Unidos para deportar a inmigrantes indocumentados por delitos menores. Esta norma no requiere una condena previa, sino que basta con un arresto, acusación o una admisión de culpabilidad por parte del inmigrante para iniciar el proceso de deportación.
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Estos son los delitos que podrían llevarte a una deportación
Entre los delitos que podrían llevar a la deportación se incluyen el robo con allanamiento, el hurto, el robo en tiendas, la agresión a un agente de policía y cualquier crimen que cause muerte o lesiones físicas. Esta legislación permite a las autoridades migratorias tomar acción rápidamente, incluso sin el debido proceso judicial que normalmente exige una condena.
Una de las disposiciones más controversiales de esta ley es que otorga a los fiscales generales de los estados la capacidad de demandar al gobierno federal si un migrante comete un delito que cause daño físico o económico a un estado. La demanda puede ser interpuesta si el daño supera los 100 dólares, lo que abre la puerta a mayores conflictos entre el gobierno federal y los estados.
La implementación de esta ley ha suscitado preocupación entre los sectores políticos y organizaciones de derechos civiles, los cuales temen que la normativa sea aplicada de manera indiscriminada. Críticos advierten que se podría deportar a personas inocentes, simplemente por estar presentes en un lugar donde ocurrió un delito, sin necesidad de pruebas concluyentes de su participación.
La ley, que ya está en vigor, busca endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos, aumentando la presión sobre los inmigrantes indocumentados. Aunque su objetivo es combatir la criminalidad entre los migrantes, muchos temen que la ley pueda resultar en abusos y errores judiciales que afecten a personas sin culpa.
La Ley Laken Riley refleja el enfoque cada vez más rígido del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes ilegales, intensificando el control sobre aquellos que viven en el país sin los documentos legales requeridos.