En un cambio radical que ha generado alarma entre miles de inmigrantes, un nuevo conjunto de leyes en el estado que prohíbe las ciudades santuario ha implementado medidas que eliminan los beneficios para indocumentados. Esta legislación impacta tanto a residentes como a nuevos solicitantes de asilo, desatando una ola de preocupación y oposición por parte de activistas y comunidades inmigrantes.
Las consecuencias de esta ley podrían ser mucho más amplias de lo que se prevé, dejando a miles en una situación precaria y sin acceso a servicios básicos.
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Florida aprueba dura ley migratoria que elimina beneficios a inmigrantes indocumentados
De acuerdo con EL PAÍS Florida aprobó una de las leyes migratorias más estrictas del país, conocida como SB-2, que desató controversias y divisiones. El gobernador Ron DeSantis, con la intención de hacer del estado un lugar más seguro, busca que esta legislación sirva de modelo para otras regiones.
La ley, vigente desde el 14 de febrero, amplía el programa 287(g) y obliga a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes rechazaron la normativa, argumentando que infringe derechos constitucionales.
Además, la SB-2 establece sanciones más severas para delitos menores y promueve la pena de muerte obligatoria para delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación de menores, lo que generó un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus efectos sociales.
¿Cuál será el impacto de la nueva ley SB-2 en los inmigrantes indocumentados en Florida?
De acuerdo con EL PAÍS, la ley no solo facilita la colaboración con el ICE, sino que también crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al estado. El representante Lawrence McClure enfatizó que el mensaje es claro: "No vengan a Florida ilegalmente".
- Creación de la Junta Estatal para el Control Migratorio: La SB-2 también establece la creación de un zar estatal para supervisar más de 200 millones de dólares destinados a reforzar la seguridad migratoria. Larry Keefe, aliado del gobernador, fue designado para este cargo, lo que generó críticas debido a su vinculación con políticas migratorias controvertidas.
- Controversia sobre la pena capital: Uno de los aspectos más polémicos de la ley es la imposición obligatoria de la pena capital para inmigrantes indocumentados que cometan ciertos crímenes. La ACLU señaló que tales leyes podrían ser inconstitucionales, citando precedentes legales que prohíben castigos crueles e inusuales.
- Colaboración con el ICE y consecuencias para estudiantes indocumentados: Finalmente, la ley obliga a las agencias locales y estatales a colaborar con el ICE, eliminando las políticas de "ciudades santuario". Además, los estudiantes indocumentados perderán la posibilidad de pagar matrícula universitaria como residentes, lo que podría dificultar su acceso a la educación superior.
Reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos
Organizaciones como la ACLU de Florida expresaron su preocupación, advirtiendo que esta ley fomenta una agenda política extrema que podría poner en peligro derechos fundamentales, como el debido proceso, al obligar a la policía local a colaborar con el ICE.
El impacto en la economía también se destacó, ya que sectores clave como la agricultura y la construcción, que dependen de la mano de obra inmigrante, temen que la ley afecte la disponibilidad de trabajadores, lo que podría tener consecuencias económicas para el estado.