El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado inquietud ante la posibilidad de que reinstaure la política que dificulta a los inmigrantes obtener la residencia permanente si son clasificados como una "carga pública". Esta medida, que marcó su mandato entre 2017 y 2021, llegó a impactar incluso a ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con esta normativa, las autoridades de inmigración pueden rechazar tanto la entrada a Estados Unidos como la emisión de la Green Card a quienes consideren que podrían representar un peso económico para el país.
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¿Qué significa ser una "carga pública" para Estados Unidos?
En Estados Unidos, ser etiquetado como una "carga pública" puede influir en la aprobación de una visa o en el proceso para obtener la residencia permanente. En términos sencillos, significa que la persona podría necesitar asistencia gubernamental para cubrir sus necesidades básicas. Esta normativa afecta principalmente a los inmigrantes y a sus familias.
¿Quién es considerado una "carga pública"?
Para evaluar si alguien podría ser considerado una carga pública, los oficiales de inmigración toman en cuenta diversos aspectos, tales como:
- Edad: Las personas mayores o aquellas con discapacidades podrían ser vistas como más propensas a necesitar apoyo.
- Salud: Aquellos con enfermedades graves que requieren tratamientos costosos también son evaluados.
- Educación: Un nivel educativo bajo y la falta de habilidades laborales pueden ser factores desfavorables.
- Ingresos: Las personas con bajos ingresos o sin empleo pueden ser percibidas como más propensas a depender de asistencia pública.
- Beneficios públicos: El uso de ciertos programas de ayuda gubernamental durante un tiempo determinado puede considerarse negativamente.
¿Cómo afecta la ley de carga pública a los inmigrantes?
En 2019, el gobierno de Donald Trump amplió las normativas migratorias, incluyendo la Ley de Carga Pública, con el objetivo de impedir la entrada de inmigrantes que hubieran recibido asistencia pública en áreas como alimentación, vivienda o atención médica. Esta medida afectó a quienes utilizaban programas como Medicaid y CHIP, dificultando que muchos indocumentados pudieran obtener la residencia permanente y obligando a diversas familias a dejar de recibir apoyo para sus hijos ciudadanos estadounidenses.
La administración de Joe Biden ha anulado estas restricciones, aliviando las limitaciones impuestas por el gobierno anterior. Sin embargo, se prevé que Trump, quien asumirá nuevamente la presidencia en enero de 2025, restablezca y amplíe estas normativas. Según Fernando Romo, abogado especializado en inmigración, es probable que Trump retome las restricciones sobre la carga pública, ya que esta estrategia resultó ser eficaz durante su primer mandato, lo que reduciría aún más las oportunidades de regularizar el estatus migratorio de muchas personas.