Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca definir el estatus laboral de los atletas que conforman la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA), ante el debate sobre si deben ser considerados empleados. Entre los puntos más importantes se resaltan la preservación de becas deportivas y la prohibición de pagos de terceros por jugar que funcionan como incentivos por competir.
PUEDES VER: Donald Trump genera polémica en la NFL: ¿por qué exige que una franquicia cambie de nombre a favor de los pueblos indígenas?
Donald Trump firma una orden de reforma para los atletas de la NCAA
Esta medida interpuesta por Donald Trump se titula 'Saving College Sports', es una ordena ejecutiva que no tiene cargo de ley, sino que actúa como una directriz federal. Su propósito es preservar las oportunidades deportivas para estudiantes universitarios. Esto acontece, tras las presuntas irregularidades de las gestiones por transferencias y reclutamiento de la NCAA.
En primera instancia, se exige que las instituciones con programadas deportivas de alto rendimiento amplíen las oportunidades para las atletas femeninas, protegiendo las becas y espacios que han sido modificados. Ello con el objetivo de no excluir ni limitar la participación de las mujeres en competencias universitarias.
Asimismo, indica la prohibición de pagos a terceros, especialmente aquellos que contribuyan como incentivos. Es decir, rechaza cualquier transacción que no refleje el valor real del mercado, así como también la distorsión de los eventos. Por lo tanto, el gobierno intentará frenar las intenciones de los agentes externos sobre un proceso desleal de reclutamiento, transferencias o rendimiento deportivo.
¿Cuál es el plazo para aplicar la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump?
El documento firmado por Donald Trump establece un plazo de 30 días, contando desde hoy jueves 24 de julio, para que el Secretario de Educación junto al gabinete educativo desarrollarán un plan de acción para promover las disposiciones mencionadas. Esta estrategia traducirá la orden ejecutiva para reforzar el modelo deportivo universitario.
Por otro lado, en un plazo de 60 días, el Procurador General y el Presidente de la Comisión Federal de Comercio deberán revisar y ajustar las políticas que vulneren el bienestar del atleta universitario. Asimismo, deberán sostener un plan que garantice la transparencia y equidad en las prácticas deportivas.