En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, una jueza federal en California ha emitido una contundente orden judicial: el gobierno debe restablecer temporalmente la asistencia legal a miles de niños migrantes no acompañados que permanecen en Estados Unidos.
Esta decisión representa un freno significativo a las acciones que buscaban recortar servicios esenciales para este grupo vulnerable. Entérate hasta cuándo está vigente esta medida migratoria.
PUEDES VER: ¡Cuidado, inmigrante! Así se realiza una DETENCIÓN por el control fronterizo según tu ESTATUS MIGRATORIO
¿Hasta cuándo estará disponible la ayuda a los inmigrantes?
Con base en lo expresado por El País, la orden judicial fue emitida el martes por la noche por la jueza Araceli Martínez-Olguín, con sede en San Francisco. Según informó la agencia AP, la orden entró en vigor al día siguiente, miércoles, y se mantendrá activa hasta el próximo 16 de abril.
De no haberse restablecido este servicio, más de 26.000 menores habrían tenido que enfrentar procesos judiciales sin representación, lo cual encendió las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Fundación UFW y otros colectivos advirtieron que esta cancelación podría haber violado la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008.
Esta normativa obliga al gobierno a proporcionar asesoría legal a niños migrantes sin acompañantes, con el fin de protegerlos del abuso, la trata y la explotación. La jueza también subrayó que el Ejecutivo no puede recortar fondos ya aprobados por el Congreso, como los US$200 millones destinados a servicios legales, parte de un presupuesto mayor de US$5 mil millones.
Las dificultades que experimenta Trump en sus políticas migratorias
Esta no es la única piedra en el zapato para la administración Trump. En menos de una semana, la justicia estadounidense ha emitido tres decisiones que obstaculizan su rígida agenda migratoria, centrada en una campaña de deportaciones a gran escala.
El primer golpe ocurrió el viernes pasado, cuando un juez en Boston determinó que cualquier persona con orden de deportación debe tener una oportunidad justa para presentar su defensa. Días después, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes del gobierno para retirar protecciones migratorias a cientos de miles de ciudadanos venezolanos.
La reciente orden de la jueza Martínez-Olguín, nombrada durante la administración de Joe Biden, se suma a estos fallos que frenan los intentos del expresidente por desmantelar protecciones fundamentales para migrantes. En este contexto, la justicia reafirma su rol como contrapeso frente a medidas que, según expertos legales, podrían vulnerar los derechos de los más indefensos.