El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se encuentra en una difícil situación luego que la Fiscalía peruana abriera una investigación preliminar en su contra por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde del municipio de Chongoyape, ubicada en la región Lambayeque.
La investigación se centra en el incremento de patrimonio que experimentaron Lozano, familiares y amigos mientras fue alcalde de Chongoyape desde 2011 hasta 2018, cuando asumió la Presidencia de la FPF, según precisó este lunes el portal Once, que tuvo acceso a la resolución fiscal.
El caso había sido archivado inicialmente en 2014, pero fue reabierto en diciembre de 2020 por la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, al ser revisado y considerar que existen suficientes indicios como para considerar que el prematuro cierre del expediente fue arbitrario e irregular.
Entre los indicios del inusitado incremento de bienes que Lozano ostentó tras llegar a la alcaldía de Chongoyape está un colegio, un fundo agrícola, un hotel, dos casas y dos emisoras de radio.
Recientemente, Lozano fue descubierto como nexo de una gran trama de reventa de entradas para los partidos de la Selección Peruana en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.
Su participación en la reventa de entradas ocurrió cuando se desempañaba como vicepresidente de la FPF, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol solo lo sancionó con una multa de 5.000 dólares y la obligación de hacer campañas de sensibilización sobre los perjuicios de revender boletos.
Lozano es presidente de la FPF desde 2018, cuando reemplazó en el cargo a Edwin Oviedo una vez que este ingresó en prisión provisional mientras es investigado también por la Fiscalía como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas.
En principio, Lozano debía encabezar la FPF hasta las nuevas elecciones previstas inicialmente para diciembre de 2018, pero el cambio de estatutos y ahora la pandemia de la COVID-19 han servido para prolongar su mandato y postergar las elecciones en varias ocasiones, y por ahora no se celebrarán hasta finales de 2021.