Florida enfrenta un nuevo debate legislativo que podría afectar directamente a las personas que no son ciudadanas estadounidenses en el estado. Una propuesta busca incluir una marca visible en las licencias de conducir de quienes no tienen ciudadanía estadounidense, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y expertos en inmigración.
Ejemplo de una licencia de conducir de Florida (Foto: FLHSMV).
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¿Qué implica la propuesta de "marcas" en las licencias de conducir para no ciudadanos en Florida?
La medida legislativa propone que las licencias de conducir de las personas no ciudadanas incluyan las letras "NC" (Non Citizen) en la parte frontal de la tarjeta. Sus promotores aseguran que esto facilitaría la identificación y ayudaría a prevenir el fraude electoral.
Sin embargo, abogados y activistas alertan que la medida podría estigmatizar a quienes tienen un estatus migratorio legal, como residentes permanentes, estudiantes o inversionistas. La abogada de inmigración Ana Mendieta señaló a TELEMUNDO 49 que la marca sería "una señal de discriminación" y podría hacer que estas personas se sientan diferentes del resto de la sociedad.
Además, se advierte que la identificación visible podría complicar las interacciones cotidianas con la policía, incluso para quienes cuentan con documentos legales válidos, al abrir la puerta a cuestionamientos adicionales durante detenciones de tránsito.
Críticas y alternativas: seguridad electoral sin "marcar" las licencias de conducir
Las autoridades electorales de Florida aseguran que ya existen procesos estrictos para verificar la ciudadanía antes de registrar a los votantes, incluyendo la revisión de certificados de nacimiento, números de Seguro Social y cruces con bases de datos estatales y federales.
Melissa Blazier, supervisora de elecciones del condado Collier, explicó a TELEMUNDO 49 que la depuración de las listas de votantes es una práctica continua que no depende de marcas en las licencias de conducir.
Si la propuesta es aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador, podría entrar en vigor en julio, afectando directamente a cientos de miles de residentes no ciudadanos.