El Formulario I-864, también conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, es un contrato legal entre un patrocinador y el gobierno de EE. UU. que asegura que el inmigrante no dependerá de beneficios públicos. Este documento lo utilizan principalmente los inmigrantes que obtienen su visa por familia o empleo, y convierte al patrocinador en responsable de su apoyo financiero.
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El objetivo de este formulario es proteger tanto al gobierno como al inmigrante. Si el beneficiario recibe beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, la agencia que los otorga puede exigir al patrocinador el reembolso correspondiente, convirtiendo esta obligación en un compromiso serio y legal.
Requisitos y responsabilidades del patrocinador
Para cumplir con el Formulario I-864, el patrocinador debe demostrar que su ingreso familiar alcanza al menos el 125% del nivel de pobreza federal según el tamaño de su hogar. Este cálculo incluye al peticionario, dependientes, familiares que vivan en la residencia y los inmigrantes a patrocinar.
El Formulario I-864 asegura el apoyo económico del patrocinador.
En el caso de miembros activos de las Fuerzas Armadas, si el inmigrante es su cónyuge o hijo, el ingreso requerido baja al 100% del nivel de pobreza. Además, el patrocinador debe ser mayor de 18 años, ciudadano estadounidense o residente permanente, y tener un domicilio en EE. UU. Si reside temporalmente en el extranjero, debe demostrar que mantiene residencia en el país.
La Sección 213A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad también permite un patrocinador conjunto, quien cumple los mismos requisitos pero no necesita ser familiar del beneficiario. Este compromiso dura hasta que el inmigrante se convierta en ciudadano o acumule 40 trimestres de trabajo.
Cómo garantizar tu seguridad económica y legal
El patrocinador tiene la responsabilidad de respaldar económicamente al inmigrante, lo que incluye cubrir gastos que puedan surgir y garantizar que el beneficiario no dependa de ayudas públicas. Si no cumple con estas obligaciones, el gobierno puede exigir reembolsos de beneficios públicos, y la agencia correspondiente incluso puede presentar demandas legales para recuperar los costos.
El cumplimiento de estas obligaciones no solo protege al gobierno, sino que también asegura que el inmigrante tenga seguridad económica y estabilidad legal durante su estadía en EE. UU. Antes de aceptar ser patrocinador o depender de uno, es fundamental entender que este compromiso es legalmente vinculante y tiene consecuencias si no se cumple.