La tensión crece en Tennessee mientras la Junta Escolar del Condado de Knox se prepara para decidir si se opone formalmente a un proyecto de ley estatal que obligaría a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes antes de permitir su matrícula. La votación, prevista para el 4 de diciembre, ha provocado un intenso debate político, legal y social en el estado.
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La medida apunta directamente a desafiar el fallo federal Plyler v. Doe de 1982, que ordena que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a una educación pública gratuita. Líderes comunitarios, organizaciones sociales y miembros de la junta advierten que el proyecto generaría riesgos legales, cargas administrativas y el peligro de dejar a miles de estudiantes fuera del sistema educativo.
Una propuesta que desafía el acceso universal a la educación
El proyecto de ley exige que todos los distritos escolares verifiquen si los estudiantes son ciudadanos estadounidenses o cuentan con la documentación migratoria adecuada antes de ser admitidos en un aula. En caso de no aprobar el control, las escuelas estarían obligadas a negarles la entrada o cobrarles matrícula, lo que pondría una barrera económica insuperable para muchas familias inmigrantes.
Manifestantes en Knoxville piden a la junta escolar rechazar el proyecto de verificación migratoria.
Durante la sesión de trabajo del 1 de diciembre, las miembros de la junta Katherine Bike y Anne Templeton impulsaron una medida para declarar que el distrito escolar rechaza oficialmente la iniciativa estatal. La propuesta revisada fue titulada "Educación gratuita para todos los niños", y afirma que la obligación de verificar estatus migratorio crearía "riesgos legales, mayores cargas administrativas y distracciones de la misión fundamental de enseñar".
Protestas, líderes religiosos y una comunidad movilizada
Horas antes de la reunión, más de 60 residentes participaron en una vigilia comunitaria organizada por grupos como la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition y organizaciones de defensa comunitaria. Líderes religiosos, docentes y estudiantes se pronunciaron públicamente contra la propuesta, advirtiendo que castigaría a niños "inocentes de familias trabajadoras que son nuestros vecinos".
En la reunión, 22 oradores expresaron su oposición al proyecto, instando a la junta a proteger el derecho a la educación sin importar el origen o estatus migratorio de los estudiantes. Para muchos residentes, esta votación se ha convertido en un símbolo del compromiso del condado con la inclusión, la equidad y la defensa de los derechos educativos fundamentales.