Una reciente decisión judicial en California abre un nuevo capítulo en la defensa de los derechos de los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos. La jueza federal Sunshine S. Sykes determinó que quienes son arrestados durante operativos migratorios en el interior del país deben tener acceso a una audiencia de fianza, incluso mientras avanza su proceso de deportación.
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Este fallo, que certifica además una demanda colectiva nacional, cuestiona directamente la política del gobierno federal adoptada en julio, la cual negaba audiencias de fianza a miles de inmigrantes. Con la decisión, numerosos detenidos podrían obtener su liberación mientras sus casos se resuelven en los tribunales.
La decisión judicial que cambia el panorama migratorio
La resolución señala que la política del Departamento de Seguridad Nacional viola tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad como el debido proceso. La jueza recalcó que la ley distingue claramente entre los inmigrantes que ya residen en EE. UU. y aquellos que acaban de llegar, contradiciendo la interpretación oficial que los clasificaba a todos como "applicants for admission".
Inmigrantes detenidos durante operativos internos ahora podrán acceder a audiencias de fianza tras el fallo federal.
Esta reinterpretación gubernamental permitía mantener a los detenidos bajo arresto obligatorio sin posibilidad de una audiencia de fianza. El tribunal rechazó este enfoque y determinó que miles de migrantes retenidos bajo ese criterio podrían solicitar una evaluación individual de su caso.
Impacto nacional y próximos pasos legales
La certificación de la demanda colectiva incluye a "todos los no ciudadanos en Estados Unidos sin estatus legal que hayan entrado o entren sin inspección", siempre que no hayan sido detenidos al momento de su llegada. Esto amplía el alcance del caso y abre la puerta a cambios estructurales en la manera en que el gobierno maneja las detenciones migratorias internas.
El tribunal programó una conferencia de seguimiento para el 16 de enero de 2026, con un informe conjunto de las partes previsto para el 9 de enero. Estos pasos definirán cómo se aplicará la decisión y qué medidas deberá tomar el gobierno para garantizar el respeto al debido proceso.