La medida impulsada por el estado de Texas y ratificada con la firma del gobernador Greg Abbott obliga a los gobiernos locales a colaborar con las autoridades federales de inmigración. A partir del 1 de enero de 2026, los condados con más de 100,000 habitantes que operen cárceles deberán formalizar convenios con el ICE o con programas equivalentes, bajo riesgo de sanciones.
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Ley SB8 de Texas: ¿qué establece y a quiénes afecta?
La Texas Senate Bill 8 (SB 8) exige que los sheriffs de los condados que operan una cárcel o contratan a terceros para ello gestionen y firmen acuerdos escritos con el ICE u otro programa federal equivalente. Por lo tanto, afecta a todos los condados donde el sheriff supervise directamente la cárcel o delegue su gestión a un proveedor privado.
Según el texto: "El sheriff de cada condado que opere una cárcel o contrate a un proveedor privado para operarla deberá solicitar y celebrar un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración…" (Sección 753.051 del Código de Gobierno).
Dado que casi todos los condados de Texas cuentan con un sheriff que opera o supervisa una cárcel, la ley impone este requisito a nivel estatal a la gran mayoría de los condados. La normativa no menciona condados específicos, sino que establece la obligación en función de la responsabilidad de la oficina del sheriff respecto a las cárceles.
En Texas, los inmigrantes bajo custodia podrían enfrentar directamente procesos migratorios federales.
Asimismo, la ley establece que estos acuerdos se basan en la sección 287(g) de la Immigration and Nationality Act, la cual permite que agentes locales actúen bajo la supervisión de ICE para la identificación y el procesamiento de personas sujetas a deportación.
La norma también incluye un programa de subvenciones estatales para ayudar a los condados con menos de un millón de habitantes a cubrir los costos de colaboración, tales como "capacitación, elaboración de informes o custodia de personas detenidas bajo la autoridad migratoria".
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Bajo este marco, los sheriffs deberán firmar convenios que especifiquen "el alcance, la duración y las limitaciones de la autoridad para hacer cumplir la ley migratoria federal". Si la solicitud es rechazada, el condado deberá volver a presentarla al menos una vez al año hasta que el convenio sea aprobado.
El programa 287(g) ya permite que las fuerzas locales colaboren con las autoridades federales en casos de inmigrantes en custodia que puedan ser deportables. De este modo, la colaboración se formaliza y se generaliza: se espera que, gracias a la SB 8, haya una "aplicación uniforme de las normas" entre las autoridades locales y federales.
Para los inmigrantes en Texas, esto significa que, en los condados afectados, las personas bajo custodia carcelaria pueden estar más directamente sujetas a procedimientos migratorios federales.
Lo que los inmigrantes en Texas deben saber: consecuencias y plazos
La entrada en vigor de esta legislación marca un cambio importante en la forma en que la colaboración entre autoridades locales y federales operará en materia migratoria en Texas:
- El inicio formal de aplicación es el 1 de enero de 2026.
- La SB 8 faculta al fiscal general del estado para demandar ante tribunales si un sheriff no cumple con la firma del convenio.
- Si el convenio no se firma para el 1 de diciembre de 2026, los condados pueden estar sujetos a medidas correctivas.
- Los fondos de subvención estatales estarán disponibles solo para los condados que formalicen los acuerdos.
- Para inmigrantes: se recomienda conocer en qué condado se encuentran, cuáles son sus políticas locales de cumplimiento migratorio y consultar con un abogado de inmigración si tienen dudas sobre su situación o derechos.