En un esfuerzo por proteger a las comunidades inmigrantes, se están impulsando nuevas leyes que buscan prohibir las redadas del ICE en este estado. Estas iniciativas tienen como objetivo reducir el impacto de los operativos migratorios en la vida de los residentes.
Las propuestas legislativas pretenden crear un entorno más seguro para los inmigrantes, impidiendo la ejecución de acciones de deportación masivas. Si estas leyes se aprueban, cambiarían la forma en que el estado maneja los operativos del ICE.
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Nuevas leyes buscarían prohibir que ocurran los operativos migratorios en este estado
En California, legisladores estatales aprobaron tres propuestas clave que buscan restringir las redadas del ICE en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales y universidades. Estas leyes pretenden ofrecer mayor protección a las comunidades migrantes, especialmente en un contexto marcado por operativos frecuentes en ciudades como Los Ángeles. Ahora, las iniciativas están a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom para su implementación.
Entre los proyectos más relevantes está el SB 805, que obligaría a los agentes a identificarse al actuar, y el SB 81, que prohibiría su ingreso a centros de salud sin orden judicial. También destaca el SB 98, enfocado en proteger a estudiantes y permitir a padres indocumentados nombrar cuidadores legales en caso de detención. Estas medidas reflejan una respuesta legislativa directa a las políticas migratorias más agresivas impulsadas en años recientes.
¿California es un estado santuario?
California es considerado un estado santuario, ya que ha adoptado leyes que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Estas medidas buscan proteger a los inmigrantes indocumentados y reducir su riesgo de deportación. La Ley SB 54, aprobada en 2017, es uno de los pilares de esta política.
Gracias a estas regulaciones, la policía estatal y local en California tiene restricciones para colaborar con el ICE, salvo en casos graves. Esto ha convertido al estado en un referente nacional en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, estas políticas también han generado debates a nivel federal y político.