Una de las políticas migratorias más duras promovidas durante la administración de Donald Trump podría estar construida sobre terreno inestable. Según reveló NBC News, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitió que la decisión de impedir que los inmigrantes detenidos accedan a audiencias de fianza “corre una laguna legal” en la ley vigente.
Este reconocimiento oficial no solo pone en entredicho la legalidad de la medida, sino que también abre una posible vía de esperanza para miles de inmigrantes que hoy permanecen retenidos sin opción de fianza, atrapados en un sistema colapsado y cada vez más restrictivo. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te contamos.
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¿Por qué presenta un vacío legal la medida impulsada por Trump?
La nueva política migratoria, implementada a través de un memorando firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, ordena mantener detenidos a los inmigrantes durante sus procedimientos de deportación, sin importar cuánto tiempo tarden. Esto anula de facto el derecho previo a solicitar audiencias de fianza o libertad condicional.
Según explicó el portavoz de ICE a NBC News, la medida se ampara en una cláusula de la ley de inmigración que establece que los inmigrantes no autorizados “deberán ser detenidos” tras su arresto. No obstante, esa disposición se aplicaba históricamente solo a quienes cruzaban recientemente la frontera, no a residentes de larga data arrestados dentro del país.
La nueva postura del ICE sostiene que ambos grupos —quienes ingresan ilegalmente y quienes ya viven en EE.UU.— deben ser tratados de la misma forma. Pero al hacer esta reinterpretación, la agencia admite que se está moviendo dentro de un vacío legal, es decir, una zona gris donde la ley no da una indicación clara, lo que podría ser aprovechado por abogados defensores en tribunales.
Consecuencias y críticas contra la estrategia migratoria de Donald Trump
Las consecuencias de esta medida ya se sienten en todo el sistema migratorio. La orden que impide audiencias de fianza ha disparado las detenciones: en junio, ICE arrestó a más de 30,000 personas, pero solo deportó a poco más de 18,000, según NBC News. El hacinamiento ha llevado al colapso de centros de detención en al menos siete estados, con denuncias por hambre, escasez de alimentos y condiciones insalubres.
Pese a ello, el Congreso ha destinado más fondos para ampliar la capacidad de ICE, mientras se busca llenar todas las camas disponibles. Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos acusan a Trump de deshumanizar a los inmigrantes con una política de detención automática. Además, una nueva directiva permite deportaciones aceleradas a países donde los detenidos no tienen vínculos, con apenas 24 horas de aviso.
También el Departamento de Justicia ha sido criticado por dejar de priorizar los derechos civiles y enfocarse ahora en procesos de desnaturalización, reforzando la línea dura migratoria de toda la administración.