John McConnell, un juez federal de Estados Unidos, bloqueó este jueves 19 de junio una medida impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba condicionar la entrega de miles de millones de dólares en subvenciones de transporte a la colaboración de los estados con la aplicación de leyes migratorias.
La decisión representa una importante victoria legal para 20 estados liderados por demócratas que se habían opuesto a la política y un alivio para la comunidad inmigrante. En esta nota te comunicamos cuál es la razón detrás de esta decisión judicial.
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¿Por qué se realizó este fallo federal en contra de Donald Trump?
Según informes de Reuters, el juez principal del distrito, John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, determinó que el Departamento de Transporte no tiene autoridad legal para imponer condiciones migratorias sobre fondos federales destinados específicamente a infraestructura de transporte como carreteras y puentes. Según McConnell, no existía una conexión razonable entre colaborar con el control migratorio y los objetivos establecidos por el Congreso para ese tipo de financiación.
Además, sostuvo que imponer tal requisito viola la Constitución, y emitió una orden preliminar que frena su aplicación en los 20 estados demandantes y sus respectivas entidades locales. La demanda fue presentada por fiscales generales demócratas, quienes argumentaron que la administración de Trump buscaba utilizar los fondos como una herramienta de presión para forzar la alineación con su política migratoria restrictiva.
¿Qué explicó la administración de Donald Trump sobre su drástica medida?
Aunque la administración de Donald Trump no respondió directamente al fallo, previamente había defendido la medida alegando que el Departamento de Transporte tenía discreción para establecer condiciones sobre la entrega de fondos federales.
En abril, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estados que podrían perder financiamiento si no cooperaban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta política formaba parte de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras su regreso al poder en enero, con el objetivo de recortar fondos a las llamadas “jurisdicciones santuario” y reforzar los esfuerzos de deportación masiva.