Las Vegas volvió a estar bajo el foco nacional luego de que fuera incluida en una lista federal de “jurisdicciones santuario” por supuestamente limitar la aplicación de leyes migratorias. En respuesta, la senadora republicana Robin Titus pidió que Nevada, especialmente el área de Las Vegas, refuerce su cooperación con ICE.
Su llamado busca impulsar una política migratoria más estricta en una ciudad donde las tensiones entre seguridad y derechos migratorios están en aumento.
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¿Qué implica la propuesta de colaboración entre ICE y la policía en Las Vegas?
Titus propone que las fuerzas locales del orden participen activamente en el programa 287(g), lo que permitiría a policías interrogar y retener a inmigrantes bajo custodia para facilitar su posible deportación. Aunque esta colaboración es voluntaria, la presión ha aumentado por una reciente orden ejecutiva federal que amenaza con cortar fondos a las llamadas “ciudades santuario”.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia: mientras algunos republicanos la respaldan, la mayoría demócrata en la Legislatura estatal ha avanzado en proyectos que buscan reducir la cooperación con ICE, como la propuesta AB217, que limita el contacto entre escuelas y autoridades migratorias.
La senadora demócrata Selena Torres-Fossett criticó la medida de Titus, señalando que no corresponde a legisladores estatales hacer cumplir leyes federales.
La implementación del programa 287(g) en Las Vegas ayudaría a deportar a los inmigrantes fácilmente.¿Qué es el programa 287(g) y por qué genera debate?
El programa 287(g) permite a las agencias locales firmar acuerdos con ICE para que ciertos oficiales puedan realizar tareas propias de migración, como identificar y retener a personas indocumentadas en centros de detención. Aunque es una herramienta legalmente permitida, su implementación es polémica.
El programa impone costos al gobierno local, como el pago de salarios y la capacitación de agentes, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su viabilidad. A pesar de que existen incentivos como el Programa SCAAP —que reembolsa parcialmente el gasto por encarcelar a inmigrantes condenados por delitos graves—, muchos consideran que no compensa el impacto fiscal ni los riesgos legales.
De hecho, en 2019, la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) se retiró del 287(g) tras un fallo federal que limitó las detenciones civiles por inmigración. Desde entonces, LVMPD ha mantenido cierta colaboración con ICE, pero fuera del marco de ese programa. El gobernador republicano Joe Lombardo también ha rechazado que Las Vegas sea una ciudad santuario, aunque sigue comprometido con el cumplimiento de la ley federal.