En San Antonio, Texas, este miércoles, dos cortes federales emitieron órdenes separadas que bloquean temporalmente la expulsión de migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador. Estas decisiones complican el uso que el Gobierno del presidente Donald Trump ha dado a una ley de 1798, conocida como la ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a migrantes sin que puedan apelar sus casos.
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¿Por qué los jueces de Texas y Nueva York bloquearon la deportación de migrantes a una megacárcel en El Salvador?
Las demandas interpuestas por la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Texas y Nueva York fueron una respuesta a la reciente decisión del Tribunal Supremo, que autorizó al Gobierno a proceder con las expulsiones, aunque aclaró que los migrantes deben ser informados de su traslado y tienen derecho a un debido proceso.
En una orden provisional, el juez Fernando Rodríguez abordó una demanda presentada por la ACLU en representación de tres venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle, al sur de Texas.
En el fallo, el juez indicó que es muy probable que el Gobierno recurra a la controvertida ley de enemigos extranjeros, citada por el presidente Donald Trump, para proceder con las expulsiones. Por su parte, el juez Alvin Hellerstein, en Nueva York, emitió una orden en la que establece que los migrantes venezolanos en esa jurisdicción tienen derecho a una audiencia para presentar su caso antes de que se decida si serán deportados.
Donald Trump y el uso de la ley de Enemigos Extranjeros
Las decisiones judiciales complican la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798, que el Gobierno de Trump ha utilizado para deportar a migrantes sin que puedan apelar sus casos.
Esta ley, originaria del siglo XVIII, ha sido empleada por la administración para trasladar a migrantes detenidos en EE. UU. a una megacárcel en El Salvador, bajo la acusación de que pertenecen a la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
No obstante, un análisis publicado este miércoles por el portal Bloomberg revela que el 90% de los más de 200 hombres enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales. Trump ha defendido el uso de la ley, argumentando que el Tren de Aragua es una organización terrorista que opera bajo la dirección del gobierno venezolano y que sus miembros han "invadido" EE. UU.