Un juez federal de EE.UU. bloqueó temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump para acelerar la deportación de miembros de la banda criminal Tren de Aragua. La Ley, que data de 1798, otorga al presidente la autoridad para deportar a los ciudadanos de países enemigos sin un juicio, y ha sido utilizada en tiempos de guerra, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
PUEDES VER: Estados Unidos otorga nueva oportunidad a inmigrantes ilegales: esta es la plataforma para evitar deportación permanente
Juez ordenó el retorno de dos aviones con banda de venezolanos
El magistrado James Boasberg emitió una orden que inicialmente solo prohibía la deportación de cinco venezolanos bajo esta ley, pero luego amplió su alcance a todos los no ciudadanos bajo custodia en EE.UU. que pudieran estar sujetos a la normativa. Esta restricción temporal permanecerá vigente durante 14 días o hasta que se emita un nuevo fallo.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido criticada por organizaciones humanitarias, que consideran que su aplicación en tiempos de paz, como en el caso del Tren de Aragua, podría representar un abuso de poder. Trump invocó la ley tras calificar a la banda criminal como una amenaza para EE.UU., alegando que están llevando a cabo actividades hostiles contra el país.
La ley nunca había sido invocada en tiempos modernos, y su aplicación ha sido sumamente controvertida. Los opositores a esta medida argumentan que el hecho de que el Tren de Aragua sea una organización criminal no cumple con los requisitos legales de "enemigos" en el contexto de una guerra, lo que abre el camino para futuras batallas legales.
La administración Trump había señalado que esta medida estaba dirigida a deportar a cualquier venezolano mayor de 14 años relacionado con el Tren de Aragua y que estuviera en EE.UU. sin estatus legal. Sin embargo, el juez Boasberg estimó que un retraso en las deportaciones no causaría daño al gobierno, pero sí afectaría a los derechos de los individuos involucrados.
Este incidente subraya la creciente tensión en torno a las políticas migratorias de la administración Trump, que ha intensificado sus esfuerzos para lidiar con el crimen organizado y la inmigración ilegal, pero que ahora enfrenta desafíos judiciales sobre la constitucionalidad de sus acciones.