El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado una nueva medida que restringirá la emisión de visas a funcionarios de países claves que faciliten el tránsito de inmigrantes irregulares hacia su territorio.
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Con esta medida, la cual ha sido catalogada como anti inmigrante, se busca reducir la migración ilegal al país y tiene como objetivo a aquellos responsables de permitir que personas sin documentación lleguen a la frontera estadounidense.
La nueva medida de USCIS
La política, la cual se implementará bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se centra en funcionarios gubernamentales de diferentes países que han sido señalados por facilitar el tránsito de inmigrantes indocumentados. Entre los afectados se encuentran autoridades de inmigración, aduanas, seguridad en aeropuerto y puertos, entre otros que podrían enfrentar restricciones de visa si se determina que están permitiendo o facilitando el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos.
Marco Rubio, el secretario de Estado, enfatizó que esta medida es parte de los esfuerzos para presionar a los gobiernos de los países involucrados en las rutas migratorias para que tomen medidas más estrictas contra la inmigración ilegal. Según la nueva política, los gobiernos deben hacer su parte para que puedan evitar que los inmigrantes irregulares lleguen a Estados Unidos, y aquellos que no cumplan con las expectativas de colaboración enfrentarán consecuencias directas, tales como la restricción de visas a sus funcionarios.
Además de restringir las visas de los funcionarios gubernamentales implicados, la nueva normativa también afectará a sus familiares cercanos. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para crear un sistema de sanciones que penalice tanto a los gobiernos como a individuos dentro de los países que faciliten el tránsito de inmigrantes indocumentados. La administración de EE.UU. sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional y garantizar que las leyes migratorias se respeten.
La nueva política se complementa con otras iniciativas adoptadas por el gobierno estadounidense en los últimos años para endurecer las restricciones migratorias. Una de ellas es la implementación de la medida 3C de 2024, que penaliza a empresas y entidades privadas que participen en el transporte de personas que intentan ingresar ilegalmente al país. Estas políticas reflejan el compromiso de la administración de Donald Trump con la seguridad en las fronteras y con el control más estricto de la migración.
Aunque la medida ha sido calificada de “drástica”, el gobierno de Estados Unidos asegura que es una herramienta necesaria para presionar a los países que permiten el paso irregular de inmigrantes. Sin embargo, organismos de derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración de Trump han señalado que este tipo de medidas podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas con varios países clave, además de afectar a los propios inmigrantes, quienes podrían ver más obstáculos en su búsqueda de asilo o de una vida mejor en EE.UU.