¡Caos en California! En un giro sorprendente, la disputa sobre la política migratoria en la frontera sur de California se ha intensificado dramáticamente. En un reciente movimiento, aliados de Donald Trump han lanzado una amenaza directa a los líderes de ciudades santuario en este estado, advirtiendo que podrían enfrentar cargos penales por no cooperar con las leyes federales de inmigración.
Este nuevo episodio subraya la creciente presión sobre los gobiernos locales, que históricamente han protegido a los inmigrantes indocumentados. California, conocida por sus políticas inclusivas, ya se prepara para enfrentar estas amenazas en los tribunales, desafiando la administración federal en una nueva batalla legal. En esta nota te brindamos todos los detalles al respecto.
PUEDES VER: ¡Buenas noticias, inmigrantes! Donald Trump le entregará la GREEN CARD AUTOMÁTICAMENTE a ESTAS personas
Amenaza a líderes de California por ayuda a inmigrantes
La carta enviada el 23 de diciembre por America First Legal Foundation, organización liderada por Stephen Miller, asesor de Trump, marca un punto álgido en la batalla legal sobre las políticas de inmigración en California. El condado de San Diego, a principios de diciembre, reforzó las medidas para proteger a los inmigrantes, prohibiendo que las fuerzas locales de seguridad comuniquen a las autoridades federales sobre personas indocumentadas sin una orden judicial.
Esta medida fue vista como una violación de la ley federal por parte de la organización conservadora, que incluyó a 249 funcionarios locales en su lista de posibles responsables. La carta advierte que estos líderes podrían enfrentarse a consecuencias legales, incluso cargos civiles bajo las leyes federales contra el crimen organizado, si continúan implementando políticas de santuario.
California prepara batallas legales contra políticas de Donald Trump y aliados
En respuesta a la presión federal, el estado de California ya está movilizándose para enfrentar estos desafíos legales. El Fiscal General de California, Rob Bonta, ha declarado que el estado defenderá vigorosamente su Ley SB 54, que limita la cooperación de las autoridades locales con ICE, asegurando que los recursos estatales no se utilicen para la aplicación de la ley de inmigración federal, salvo en casos excepcionales.
A pesar de las amenazas de Trump, California ha logrado que los tribunales confirmen la constitucionalidad de estas políticas, y el estado está preparado para continuar defendiendo sus derechos ante un gobierno federal que busca desafiar estas leyes.
Asimismo, el gobernador Gavin Newsom ha solicitado 25 millones de dólares para financiar futuras batallas legales en torno a temas migratorios. Las ciudades santuario en California, como Los Ángeles, han acelerado la implementación de sus políticas tras la elección de Trump, lo que genera aún más tensiones entre el estado y la administración federal.