La violencia que se ha instalado en los últimos meses en los estadios paraguayos, con un fallecido el pasado viernes durante un enfrentamiento en un partido de fútbol sala, ha urgido a los directivos del fútbol paraguayo y a las autoridades a buscar soluciones que recuperen el carácter deportivo de estos eventos.
La petición de la APF a los legisladores pretende impulsar una ley que sirva de "herramienta necesaria a los dirigentes de clubes" y les permita establecer "un límite hasta donde puedan llegar y poder desembarazarse de estas barras", dijo Díaz de Vivar en charla con Fútbol a lo Grande.
Su propuesta se suma a la presentada este lunes por el presidente de Olimpia, Marco Trovato, que defendió la necesidad de que los clubes contribuyeran de forma económica para reforzar los despliegues policiales que rodean a los partidos de fútbol.
"Planteamos dotar de herramientas para que los autoridades competentes y los mismos clubes que participan puedan tener un límite, un marco adecuado para decidir hasta dónde pueden llegar y eliminar de sus propias barras a esta gente que está cometiendo estos hechos delictuales", explicó el vicepresidente de la APF.
Asimismo, aclaró que esta propuesta de "ley marco" no pretende eliminar las barras, sino determinar quiénes son los integrantes de esos grupos "habilitados para alentar al club".
Díaz de Vivar insistió en que la ley no debe elaborarse solo con la participación de la APF y los equipos paraguayos, sino que tiene involucrar también a la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior.
Su planteamiento, que de momento no ha pasado de conversaciones, contempla destinar "mayor presupuesto" para que la Policía cuente con infraestructura y logística suficiente para que se pueda evitar el ingreso de las barras bravas en los estadios, detectar si llevan armas y frenar los posibles altercados en las inmediaciones de los campos.
Desde 2016, en Paraguay rige la Ley contra la Violencia en los Estadios Deportivos, una norma que prohíbe el ingreso a los escenarios bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, así como portar armas o petardos.
Sin embargo, llevar armas de fuego o elementos cortantes está sancionado con penas de apenas entre cuatro y ocho meses de prisión y con una prohibición de entrada al estadio por un periodo máximo de un año.
Los enfrentamientos entre ultras del fútbol paraguayo se han saldado con ocho víctimas mortales en los últimos tres años, según los datos ofrecidos por la Policía Nacional.