Veinte fiscales generales demócratas de distintos estados de EE. UU., junto con el Distrito de Columbia, enviaron una carta al Departamento de Agricultura (USDA) para pedir que revise la guía emitida en octubre sobre la elegibilidad de inmigrantes en el programa SNAP. La alerta surge tras cambios recientes derivados de la aprobación del One Big Beautiful Bill Act, que establece nuevas restricciones para ciertos grupos de no ciudadanos.
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El programa SNAP, o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, ayuda a alrededor de 42 millones de estadounidenses y residentes legales con bajos ingresos a acceder a alimentos. Sin embargo, los cambios recientes han generado confusión sobre quiénes pueden recibir los beneficios, especialmente refugiados, asilados y personas con libertad condicional humanitaria.
Controversia sobre elegibilidad de inmigrantes
La sección 10108 del One Big Beautiful Bill Act modificó la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, impidiendo que personas que ingresen a EE. UU. como refugiados, asilados o con libertad condicional humanitaria reciban SNAP de inmediato. No obstante, los estados argumentan que estos mismos individuos sí pueden ser elegibles una vez obtengan el estatus de residente legal permanente.
20 fiscales generales piden al USDA corregir guía que podría negar beneficios de SNAP.
En la carta, los fiscales generales aseguran que la guía del USDA malinterpreta la ley, al señalar que estos grupos no serían elegibles, incluso si pueden acceder a los beneficios una vez que se conviertan en residentes permanentes. Además, la guía sugiere erróneamente que quienes ingresan por razones humanitarias deben esperar cinco años, cuando la ley indica que son elegibles de inmediato.
Impacto y exigencias de los fiscales generales
Los fiscales generales advierten que estas instrucciones han generado confusión significativa en los estados, que son responsables de aplicar los nuevos límites del programa. También señalan que el USDA finalizó el periodo de transición el 1 de noviembre de 2025, solo un día después de publicar la guía, lo que aumenta el riesgo de errores administrativos.
California, Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia respaldan la carta. Según el fiscal general de California, Rob Bonta, "si la guía del USDA no se corrige, ciertos residentes legales podrían pasar hambre innecesariamente".