Guadalupe González mantuvo los apoyos durante 20 meses sin poder competir, actualmente está suspendida
La marchista Lupita González, ganadora de la medalla de plata en los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se mantuvo en el Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) durante todo el juicio que siguió ante la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) y el TAS (Tribunal de Arbitraje en el Deporte), entre noviembre de 2018 y julio de 2020, a pesar de que durante todo ese tiempo no representó a México por estar suspendida de manera provisional.
No solo eso, sino que el gobierno mexicano le pagó la tercera mejor beca (81 mil 886.23 pesos, menos impuestos) de entre los 282 deportistas convencionales beneficiarios en el programa. Además, su entrenador Esteban Santos recibe 58 mil 156.32 pesos mensuales (menos impuestos), siendo el sexto entrenador mejor pagado en el país, de acuerdo al padrón de beneficiarios del Fodepar.
Con la suspensión de cuatro años que le impuso la Unidad de Integridad de World Athletics, que ratificó el TAS, Lupita González debe dejar de recibir las becas, pero su entrenador puede mantenerla porque él no fue sancionado.
Además, la marchista recibe su beca vitalicia de 15 mil 694.86 pesos, la cual mantendrá porque el resultado de Río 2016 se mantiene en su historial deportivo. La deportista y su entrenador también mantendrán el salario que reciben de parte de la Secretaría de Marina, quien ratificó su apoyo luego de la sanción.
El Fodepar entrega mensualmente más de mil 100 becas a deportistas, entrenadores, equipo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos, entre los que destina mensualmente más de 20 millones de pesos; sin embargo, su futuro está en riesgo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la Cámara de Diputados que se eliminen todos los fideicomisos de la administración pública porque los considera opacos.
La hipótesis presidencial se confirma en su propia administración, pues la actual directora, Ana Guevara, se encuentra bajo investigación porque la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades por 50.8 millones de pesos en la asignación y comprobación de los recursos en el primer semestre de 2019.