Todos los niveles y estructuras del sistema deportivo del país, y distintas corrientes de opinión, estiman que se necesita una nueva Ley del Deporte que se convierta en la herramienta que norme, estimule y promueva esta actividad. Se requiere una legislación que tenga el carácter orgánico para que le otorgue mayor fuerza, jerarquía, respeto, durabilidad a la ley y que además recoja el sentir de los que practican deporte, actividad vital para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.
Hay estudios que señalan que por cada dólar que un Estado invierte en la acción física se ahorran hasta $ 15 en salud, medicinas y rehabilitaciones. Al partir de este concepto no se justifica que haya gobiernos como el nuestro, que cada vez recorta el presupuesto. Claro, en los momentos actuales es difícil para todos los sectores, pero lo que ocurre es que estas disminuciones vienen desde antes de la pandemia.
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Los que mayor influencia y presencia deberían tener, en la elaboración de los proyectos, son las federaciones ecuatorianas por deporte y las asociaciones provinciales de cada una de las disciplinas. Son los organismos técnicos los que conocen a fondo sus deportes y evalúan de manera permanente si acaso se están cumpliendo bien los micro y macrociclos, los planes de entrenamientos o el volumen e intensidad de las cargas. Por ejemplo, la natación tiene cinco modalidades, como las competencias de piscinas, aguas abiertas, nado sincronizado, saltos, waterpolo, y cada una con sus distintas dificultades. O el atletismo, que tiene una gama de pruebas de pista y campo, no pueden ser auditadas por funcionarios, que en muchos casos son burócratas que no conocen de deportes pero sí están listos con las tijeras para recortar y anular los planes y proyectos sin mayor fundamento.
Profundos y serios estudios sobre la relación entre Estado y deportes señalan que los gobiernos deben proveer de los recursos que deben ser fiscalizados de manera permanente con severidad y rectitud, pero no inmiscuirse en otros temas especializados.
Por la historia sabemos que en la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno de Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco (1976-1979) se propuso dejar una ley que ordene la actividad física y llamaron a los organismos para expresarles: “Nosotros no sabemos nada de esto. Ustedes escríbanla y nosotros la aprobamos”, y los representantes de varios sectores de la época la redactaron.
Luego de algunos años, tras aprobarse la iniciativa de quienes presentaron un proyecto de rentas propias para el deporte, generadas por el impulso de las llamadas telefónicas, se les ocurrió suprimirlo, lamentablemente, a gobernantes que no vale la pena mencionar y que arrasaron con todo. El actual régimen, desde antes de la pandemia, fue recortando los recursos lo que refleja la poca importancia que tiene el deporte para el Gobierno.
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La actual Asamblea Nacional entregó la tarea de recoger y preparar una nueva propuesta de Ley del Deporte a la Comisión de Salud, cuyos miembros, salvo par de excepciones, no conocen de este asunto. Llegaron algunas ponencias de distintos sectores que no han sido lo suficiente conocidas.
Causó alarma que se intente aprobar un texto al que según nos han informado, le estaban agregando artículos no analizados, como por ejemplo la eliminación de las asociaciones provinciales, la conformación de las federaciones nacionales y la exclusión de los campeonatos estudiantiles, que está abandonado en los planteles fiscales y que es considerado el eslabón perdido.
Los miembros del grupo legislativo se enteraron de la intención y suspendieron la primera revisión en estas condiciones. Hay dedos acusadores que señalan con nombres y apellidos a quienes realizaron este intento fraudulento. Es decir, se quería aprobar el tratamiento de una nueva Ley del Deporte con fallas graves en el fondo y la forma.
Este momento representa la gran oportunidad para pasar a la historia elaborando la nueva ley que regule e inspire, con rentas propias, fomente y vigorice la práctica organizada, ordenada y bien planificada del deporte ecuatoriano. (O)