California aprobó un paquete de leyes que establece nuevas restricciones a las operaciones migratorias en el estado. El gobernador Gavin Newsom firmó las medidas el 29 de septiembre de 2026, que limitan el uso de instalaciones estatales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigen identificar determinados vehículos de alquiler y refuerzan la supervisión de los centros de detención. Además, las iniciativas incluyen nuevas protecciones para las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
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Nueva ley en California restringe el uso de propiedades estatales durante operativos migratorios del ICE
Una de las principales medidas es el proyecto de ley AB 1807, presentado por el asambleísta Jesse Gabriel. La norma restringe el uso de propiedades estatales para planificar operativos, procesar personas, realizar detenciones o ejecutar acciones de control migratorio.
Asimismo, el paquete legislativo incluye el AB 1650, que exige que los vehículos de alquiler utilizados por las fuerzas del orden para detener, arrestar o trasladar personas cuenten con una identificación temporal que permita reconocer a la agencia responsable, salvo algunas excepciones.
El Gobierno de California explicó que estas disposiciones buscan reforzar la transparencia y supervisar las actividades federales en el estado. En su comunicado oficial, Newsom afirmó: "California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión del control migratorio en nuestro estado".
El gobernador también reconoció los límites de las competencias estatales frente a las autoridades federales. "California no puede dictar la política migratoria federal, pero sí puede establecer y hacer cumplir las leyes que regulan el uso de la propiedad y los recursos estatales cuando su aplicación se lleva a cabo dentro del estado", sostuvo.
¿Qué otras medidas aprobó California para proteger a los inmigrantes?
El paquete firmado por Newsom reúne más de 20 iniciativas legislativas relacionadas con las operaciones migratorias, los centros de detención y la protección de los derechos civiles. Entre sus principales disposiciones destacan:
- Dispositivos eléctricos: establece restricciones al uso de guantes de descarga eléctrica y otros dispositivos de electrochoque portátiles por parte de las fuerzas del orden.
- Granadas y explosivos: limita el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas para abrir accesos.
- Empleo público: impide que determinados agentes del ICE que hayan cometido faltas graves durante su trabajo puedan convertirse en policías o empleados públicos en California.
- Centros de detención privados: establece un impuesto del 25 % para estas instalaciones y refuerza los mecanismos de supervisión.
- Derechos civiles: incorpora mecanismos para que las personas puedan demandar a funcionarios federales cuando vulneren sus derechos constitucionales federales.
- Acceso a tribunales: establece protecciones frente a detenciones civiles para personas que acuden a los juzgados o salen de ellos por actividades legales.
- Asistencia social: protege, bajo determinadas circunstancias, el acceso a beneficios de CalWORKs cuando un integrante de la familia es detenido por autoridades migratorias.
Estas medidas complementan las acciones que California ya había impulsado para supervisar las operaciones federales. En 2025, Newsom promulgó la No Vigilantes Act, que obliga a los agentes federales que trabajan sin uniforme a llevar una identificación visible. No obstante, el 14 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la aplicación de una disposición de esta ley contra el Gobierno federal, sus agencias y funcionarios, al considerar que el estado no tiene autoridad para regular las funciones federales sin el aval del Congreso.
Con este nuevo paquete legislativo, California busca reforzar los controles sobre el uso de sus instalaciones y recursos, así como fortalecer la supervisión de los centros de detención. Aunque las medidas establecen nuevas condiciones para las operaciones de las autoridades en el estado, no modifican las leyes federales de inmigración ni otorgan automáticamente un estatus migratorio a los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.
