Walmart acordó pagar $50 millones al Gobierno de Estados Unidos para poner fin a una demanda federal relacionada con la presunta dispensación de recetas inválidas de opioides y otras sustancias controladas en sus farmacias. Según información publicada por Qué Pasa Media Network, el acuerdo también incluye nuevas medidas destinadas a reforzar los controles de Walmart en sus farmacias estadounidenses sobre la dispensación de este tipo de medicamentos.
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Walmart pagará US$50 millones por un caso relacionado con opioides: ¿de qué trata la demanda?
El caso se remonta a 2020, cuando el Gobierno federal presentó una demanda contra Walmart por presuntas irregularidades en el manejo de recetas de sustancias controladas. Según las autoridades, algunas farmacias de la cadena habrían surtido recetas a pesar de presentar señales que podían indicar que no eran válidas.
La demanda sostiene que, desde junio de 2013, los farmacéuticos de Walmart recibieron alertas sobre determinados médicos y presuntas prácticas irregulares en la emisión de recetas. Entre las señales identificadas figuraban las dosis elevadas de opioides, las solicitudes para adelantar la entrega de medicamentos y las combinaciones de fármacos consideradas potencialmente peligrosas.
Los propios farmacéuticos habrían presentado miles de reportes en los que se negaban a surtir determinadas recetas. Sin embargo, el Gobierno estadounidense sostiene que el equipo corporativo de cumplimiento estaba al tanto de estas advertencias y no tomó las medidas necesarias para impedir algunas de las dispensaciones.
Es importante precisar que estas acusaciones corresponden a la posición del Gobierno y que el acuerdo permite resolver la disputa sin que exista una determinación judicial de responsabilidad contra Walmart.
¿Qué medidas deberá tomar Walmart en EE. UU. tras el acuerdo?
Además del pago de $50 millones, Walmart llegó a un acuerdo con las autoridades que establece nuevas obligaciones para sus farmacias. Entre ellas se encuentra la creación de un canal para que empleados y pacientes puedan reportar posibles dispensaciones ilegales. La empresa también deberá reforzar la supervisión de los patrones de dispensación y establecer mecanismos para identificar y evaluar a médicos que puedan estar emitiendo recetas irregulares.
La demanda original fue presentada el 22 de diciembre de 2020 ante un tribunal federal de Delaware y posteriormente modificada en 2022. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que este tipo de acuerdos busca garantizar que las empresas autorizadas para manejar sustancias controladas cumplan con la Ley de Sustancias Controladas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el papel de las grandes cadenas de farmacias en la crisis de opioides en Estados Unidos. Para el Departamento de Justicia, estas empresas deben contar con controles suficientes para evitar que los intereses comerciales interfieran con las obligaciones destinadas a prevenir la dispensación de medicamentos que no respondan a una finalidad médica legítima.
