El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evalúa un programa para cubrir el seguro de responsabilidad civil de policías estatales y locales que colaboren en operativos migratorios. La propuesta busca reducir el riesgo financiero para los agentes autorizados a detener a personas por posibles infracciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos.
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ICE ofrece pagar el seguro de policías locales que arresten inmigrantes en Estados Unidos
De acuerdo con el documento de planificación difundido por ICE, los agentes que participen en los acuerdos conocidos como 287(g) podrían acceder a un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de hasta US$500.000. La póliza contemplaría gastos legales, acuerdos extrajudiciales y eventuales sentencias derivadas de denuncias por sus actuaciones.
Según N+ Univision, el plan también contempla reembolsar hasta US$250 anuales a cada agente, una cantidad que, de acuerdo con los cálculos de la agencia, equivaldría aproximadamente al costo de la póliza.
La medida llega en un momento de fuerte expansión de la cooperación entre ICE y las policías locales. Durante la segunda administración de Donald Trump, un número creciente de departamentos ha optado por participar en estos programas, que permiten a determinados agentes recibir capacitación y autorización para ejercer funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La propuesta también ha generado críticas. David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, cuestionó que el Gobierno busque reducir la exposición personal de los agentes ante posibles denuncias por abusos. Según Bier, "la preocupación radica en que el ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del orden no corran el más mínimo riesgo de responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan al ICE a arrestar personas", informó The Associated Press.
¿Qué cubriría el seguro de ICE?
El seguro propuesto por ICE estaría destinado a proteger económicamente a los policías locales frente a reclamos relacionados con sus labores de control migratorio. La cobertura, de hasta US$500.000, podría utilizarse para afrontar los costos derivados de demandas, honorarios legales, acuerdos y resoluciones judiciales.
El programa estaría vinculado a los acuerdos 287(g), establecidos a partir de una disposición de una ley migratoria de 1996. ICE evalúa contratar a una empresa externa para encargarse de tareas como la capacitación, la comunicación y difusión del programa, la contratación del proveedor de seguros y la gestión de los reembolsos. Hasta el momento, la agencia solo ha solicitado comentarios a empresas del sector y no ha precisado cuándo comenzaría el programa ni cuál sería su costo total.
¿Cuántos arrestos realizan las policías locales?
Mientras tanto, la participación de las policías locales en acciones de control migratorio ha aumentado considerablemente. Según datos de ICE, cerca de 1.600 agencias en 32 estados cuentan actualmente con acuerdos para participar en el modelo de grupos de trabajo de la agencia.
Estos agentes pueden, después de recibir capacitación, interrogar y detener a personas sospechosas de encontrarse en el país sin autorización. Las agencias participantes también pueden recibir recursos federales para cubrir determinados gastos, como salarios, vehículos y equipos.
Las detenciones efectuadas mediante estos programas también registraron un incremento significativo. Según los datos más recientes de ICE proporcionados al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, durante los dos primeros meses de 2026 se registró un promedio de 3.000 arrestos mensuales, frente a unos 250 al mes en 2024, durante el gobierno de Joe Biden.
La propuesta, por tanto, podría reforzar aún más la colaboración entre ICE y las fuerzas policiales locales, en un escenario que afecta tanto a los inmigrantes indocumentados como al debate sobre los procedimientos utilizados para detener a personas en Estados Unidos. Para los inmigrantes en Estados Unidos, la expansión de estos acuerdos supone una mayor presencia de autoridades locales involucradas en la aplicación de las políticas migratorias federales.
