El Gobierno de Estados Unidos puso a disposición de los gobiernos estatales y locales hasta 3.000 millones de dólares para impulsar su colaboración con las autoridades migratorias. Los recursos podrán utilizarse para reforzar operativos, trasladar detenidos y ampliar las instalaciones de detención para inmigrantes indocumentados, como parte de un plan que estrecha la cooperación entre las policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Trump repartirá hasta 3.000 millones de dólares entre estados y gobiernos locales a cambio de sumarse a su cruzada migratoria
La administración de Donald Trump distribuirá estos fondos mediante el Departamento de Justicia (DOJ), pero los estados y municipios deberán coordinar directamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en tareas de detención y procesamiento de inmigrantes en situación irregular para acceder a los recursos.
De acuerdo con información de N+ Univision y EL PAÍS, las autoridades locales tendrán hasta finales de agosto para presentar sus solicitudes. La distribución de los recursos está prevista para comenzar en octubre y se realizará de manera progresiva hasta 2028.
Uno de los requisitos clave para recibir estas subvenciones es contar con un acuerdo activo bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición autoriza a ciertos agentes estatales y locales a colaborar en la aplicación de las normas migratorias federales, incluyendo la verificación del estatus migratorio y la emisión de solicitudes de custodia (detainers) para facilitar el traslado de personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El programa fue denominado BIDEN, siglas en inglés de Bridging Immigration-Related Deficits Experienced Nationwide. Aunque su nombre hace referencia a supuestos costos asociados con las políticas de la administración anterior, los requisitos conocidos para solicitar los fondos no establecen que los gobiernos deban demostrar pérdidas económicas. En cambio, sí exigen su participación en acuerdos bajo la Sección 287(g) o en determinadas fuerzas de tarea conjuntas.
¿En qué podrán gastar los fondos los gobiernos locales?
El paquete económico busca fortalecer la capacidad de las autoridades locales que participan en operaciones migratorias. Además de los 3.000 millones de dólares administrados por el Departamento de Justicia (DOJ), existe otro esquema de financiamiento, por más de 1.600 millones de dólares, destinado directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para reforzar sus alianzas con los cuerpos policiales locales.
Los gobiernos que obtengan estos recursos podrán destinarlos a distintas áreas relacionadas con la seguridad y la gestión de personas detenidas. Entre los gastos contemplados se encuentran:
- Contratación de policías y personal de apoyo para investigaciones y labores forenses.
- Construcción de centros de Detención temporal o ampliación de instalaciones existentes.
- Compra de vehículos, tecnología y equipos destinados al patrullaje y al traslado de detenidos.
- Capacitación de agentes locales bajo los procedimientos y estándares de las agencias federales.
La medida supone un mayor involucramiento de las policías estatales y municipales en las tareas migratorias de Estados Unidos. Para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para quienes carecen de estatus legal, el fortalecimiento de estos acuerdos podría traducirse en una mayor participación de las autoridades locales en procesos que anteriormente estaban más concentrados en las agencias federales.
Con este esquema, la administración Trump busca ampliar la infraestructura y fortalecer la cooperación necesarias para incrementar las operaciones de ICE y la capacidad de detención de inmigrantes indocumentados en distintos puntos del país.