La política migratoria de Donald Trump volvió a recibir un importante respaldo judicial en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones autorizó nuevamente al Gobierno a aplicar las deportaciones aceleradas en todo el país, una medida que podría afectar a miles de inmigrantes, incluidos aquellos indocumentados que no logren demostrar una residencia continua de al menos dos años en territorio estadounidense.

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La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia reactivó uno de los principales pilares del plan migratorio de Donald Trump al permitir la ampliación del mecanismo conocido como "expedited removal" o deportaciones aceleradas. Este procedimiento faculta a las autoridades migratorias a ejecutar una deportación sin que la persona comparezca previamente ante un juez de inmigración. Hasta ahora, esta herramienta se utilizaba principalmente para migrantes detenidos poco después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

Con el nuevo fallo, la administración podrá aplicar el proceso a inmigrantes indocumentados localizados en cualquier parte del país que no puedan demostrar haber vivido de forma ininterrumpida en Estados Unidos durante los últimos dos años.

La resolución fue aprobada por dos votos contra uno. Los jueces Justin Walker y Neomi Rao respaldaron la posición del Gobierno, mientras que Robert Wilkins expresó su desacuerdo y sostuvo que debía mantenerse la decisión previa emitida por un tribunal inferior.

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El fallo deja sin efecto temporal una decisión judicial anterior que había frenado la expansión de las deportaciones aceleradas más allá de las zonas cercanas a la frontera y de los primeros 14 días posteriores al ingreso al país. La opinión mayoritaria sostuvo que extender el alcance del procedimiento hasta los límites permitidos por la legislación no vulnera el derecho al debido proceso de los inmigrantes.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional celebraron el resultado judicial. James Percival, asesor jurídico general del DHS, afirmó: "Durante años, el DHS limitó arbitrariamente la expulsión acelerada a 14 días, a pesar de que esta se aplica a extranjeros que ingresaron ilegalmente al país en los últimos dos años. Hoy, el Circuito del Distrito de Columbia respaldó nuestra decisión de aplicar la ley tal como está escrita".

El funcionario también recordó que la administración mantiene vigente el incentivo económico para quienes decidan abandonar voluntariamente el país mediante la autodeportación, un programa que contempla un pago de US$2.600.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionaron la medida y advirtieron sobre posibles errores en el proceso. Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló: "El impulso de la administración Trump a las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores. Este fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el Gobierno intenta deportarlas".

Según reportaron CNN y la Agencia EFE, los representantes legales que impulsaron la demanda evalúan los próximos pasos judiciales para intentar frenar nuevamente la aplicación de esta política migratoria en Estados Unidos.

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