Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo clave que impacta directamente la política migratoria aplicada durante la administración de Donald Trump, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador.

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La decisión obliga al gobierno federal a garantizar audiencias judiciales o facilitar el regreso a EE. UU. de los inmigrantes enviados a la megaprisión CECOT, una de las cárceles de máxima seguridad más controvertidas de la región.
Deportaciones sin debido proceso a la prisión CECOT
El juez federal James Boasberg determinó que la administración Trump negó el debido proceso a más de 200 inmigrantes venezolanos deportados en marzo a la prisión CECOT, en El Salvador, alegando presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua.

Inmigrantes venezolanos fueron deportados a la prisión CECOT sin audiencias judiciales previas.
Según el fallo, al menos 137 migrantes fueron expulsados del país amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin notificación adecuada ni oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra, lo que constituye una violación constitucional.
Orden judicial y tensión legal para la administración Trump
El tribunal ordenó que los inmigrantes afectados tengan acceso a los tribunales para apelar sus deportaciones y exigió que la administración Trump presente, en un plazo de dos semanas, un plan para permitir su regreso o realizar las audiencias correspondientes.
El fallo se suma a una serie de decisiones contradictorias en tribunales federales sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma histórica que la Casa Blanca utilizó para acelerar deportaciones, generando una fuerte controversia legal y política.