El control migratorio en Estados Unidos entra en una nueva fase. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está expandiendo el uso de lectores automáticos de placas (ALPR), sistemas que registran matrículas y rastrean la ubicación de vehículos en tiempo real. Las cámaras instaladas en postes, autopistas y patrullas cruzan la información con bases de datos policiales y privadas para identificar patrones de tránsito y conexiones personales de los conductores.

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¿Qué puede saber ICE con esta tecnología?
Según AS USA, los ALPR permiten conocer quién es el dueño del auto, dónde vive, dónde trabaja y cuáles son sus trayectos habituales. Organizaciones como Immigrant Defense Project (IDP) advierten que este tipo de vigilancia podría convertir cualquier vehículo asociado a una persona indocumentada en un objetivo permanente.

Cámaras de lectores de placas instaladas en autopistas de EE. UU. rastrean autos vinculados a inmigrantes.
Los defensores de migrantes alertan que estas herramientas facilitan detenciones selectivas y operativos encubiertos, sin interacción humana directa. “La placa del auto se convierte en un punto de rastreo constante”, denunció el IDP.
Activistas exigen límites al rastreo de ICE
Ante el incremento de críticas, legisladores en varios estados analizan nuevas regulaciones para restringir la retención de datos y evitar que se compartan automáticamente con autoridades migratorias. Abogados de la ACLU recuerdan que, incluso frente a un control vehicular, las personas pueden ejercer sus derechos constitucionales: pedir la identificación del agente, conocer el motivo de la intervención y guardar silencio hasta hablar con un abogado.
Para organizaciones civiles, el uso avanzado de ALPR marca un cambio radical: pasar de patrullas visibles a algoritmos que vigilan millones de desplazamientos diarios. La preocupación central es que la seguridad pública se convierta en una excusa para una vigilancia masiva sin supervisión.
¿Qué pueden hacer los inmigrantes para proteger su privacidad?
Especialistas recomiendan evitar registrar vehículos a nombre de personas con riesgo migratorio, revisar las leyes estatales y solicitar apoyo legal si se sospecha de un uso abusivo de datos. También sugieren conocer los recursos de las organizaciones locales de defensa. Aunque la tecnología avanza rápido, los derechos permanecen. Activistas insisten en que ningún sistema automatizado puede justificar la discriminación o el seguimiento sin causa. El debate sobre la vigilancia ya está sobre la mesa y promete intensificarse en los próximos meses.