Cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos perderán su protección legal frente a deportaciones en Estados Unidos cuando el reloj marque la medianoche de este viernes 7 de noviembre. Esta medida se produce tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a venezolanos, luego de decisiones del Gobierno de Trump y fallos de la Corte Suprema.
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La pérdida del TPS significa que los afectados quedan sin estatus migratorio, sin permiso de trabajo y sin otros beneficios, como licencias de conducir o acceso a créditos y seguros. Para muchos, representa una situación de desesperación y ansiedad, mientras buscan alternativas legales para permanecer en el país.
Impacto del fin del TPS para los venezolanos en EE. UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) advirtió que los beneficiarios del TPS para Venezuela deben prepararse para regresar al país si no cuentan con otra base legal. Esto afecta principalmente a quienes accedieron al programa originalmente en 2021, luego de que unos 350.000 venezolanos que ingresaron en 2023 ya hubieran perdido su estatus semanas atrás.
Cerca de 250.000 venezolanos perderán el TPS en esta fecha.
Un pequeño grupo que renovó su documentación entre enero y febrero de 2025 podrá mantener su permiso de trabajo hasta octubre de 2026. Sin embargo, la gran mayoría perderá protección migratoria, lo que limita su capacidad de trabajar legalmente, estudiar y mantener derechos esenciales. La activista Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus, asegura que la situación es de "terror y ansiedad" para miles de familias.
Alternativas legales y consecuencias para los afectados
Algunos venezolanos podrían intentar solicitar asilo, aunque pocos cumplen con los criterios actuales de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. Otros caminos posibles incluyen casarse con un ciudadano estadounidense o solicitar una visa-U, limitada a víctimas de ciertos crímenes y con largos tiempos de espera.
La pérdida del TPS también provoca la pérdida inmediata de empleos, seguros de salud y beneficios asociados al estatus, afectando la capacidad de pago de créditos y alquileres. Además, muchas familias enfrentan el riesgo de separación, mientras que el regreso a Venezuela no es una opción para quienes temen persecución bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La activista Ferro advierte que la medida impacta "no solo un papel, sino la libertad y la vida" de los inmigrantes.