El estado de California se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra las políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Tanto el gobernador Gavin Newsom como la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles han aprobado medidas de emergencia y leyes que buscan proteger a las familias afectadas por la ola de deportaciones masivas que azota la región desde junio.
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Con esta acción coordinada, el estado dorado se consolida como un muro legal y político frente a las redadas del Servicio de Inmigración (ICE), reforzando su papel como bastión demócrata en la defensa de los derechos humanos y la estabilidad de las comunidades migrantes.
California se levanta contra las políticas migratorias de Trump
La proclamación de emergencia aprobada por Los Ángeles permitirá movilizar recursos para ayudar a familias afectadas por las redadas y mitigar los impactos económicos derivados del temor y la ausencia laboral. A nivel estatal, Newsom ha instruido a todos los departamentos de gobierno a implementar medidas que protejan a las comunidades más vulnerables.
California aprueba leyes que protegen a familias ante las redadas.
"California reconoce nuestro valor económico y nuestra dignidad", afirmó Angélica Salas, directora de CHIRLA, destacando que el estado se ha convertido en una "contraparte que edifica barreras legales" frente a las acciones federales impulsadas por Trump.
Nuevas leyes proinmigrantes refuerzan la protección en escuelas y negocios
Entre las leyes promulgadas por Newsom destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que protege a los hijos de migrantes detenidos y prohíbe a las guarderías solicitar información migratoria. Además, la SB 635 impide que los agentes del ICE accedan a los datos de vendedores ambulantes recopilados por los gobiernos locales.
El paquete legislativo también incluye medidas que restringen el ingreso de agentes migratorios a escuelas y hospitales sin orden judicial, y exige a las fuerzas del orden federales portar identificación visible. Con ello, California busca frenar los abusos y garantizar que los inmigrantes puedan vivir y trabajar sin miedo.