La Agencia EFE reportó que este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu. Según el gobierno de Donald Trump, las políticas de la ciudad en materia de refugio obstaculizan la implementación de las leyes migratorias federales.
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Boston, capital y urbe más poblada de Massachusetts, es considerada por el Gobierno como una "ciudad santuario" al limitar la cooperación de su policía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Acusaciones del Departamento de Justicia contra Boston y su alcaldesa, Michelle Wu
La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que la gestión de Wu está adoptando políticas que buscan debilitar la aplicación de la ley y brindar protección a los inmigrantes indocumentados frente a la acción judicial.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas medidas evitan que ICE detenga a personas que se encuentran bajo custodia local, lo que, a su vez, impide deportaciones. Esto podría resultar en la liberación de criminales peligrosos.
Postura de la alcaldesa Michelle Wu
En declaraciones recientes a la emisora WBUR, Michelle Wu advirtió que cualquier policía que comparta información con ICE en contravención de la Boston Trust Act, vigente desde 2014, enfrentará sanciones. Con ello, reiteró su compromiso de mantener las políticas de refugio, incluso ante el aumento de los operativos migratorios en la ciudad.
Trump arremete contra Boston y su alcalde demócrata por la inmigración ilegal.Contexto de la disputa
La demanda forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Donald Trump contra las jurisdicciones "santuario". El pasado 5 de agosto se publicó una lista con ciudades y estados bajo presión federal para que abandonen su respaldo a comunidades migrantes. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles, así como los estados de California, Colorado e Illinois, ya han enfrentado demandas similares.
No es la primera vez que la administración Trump confronta a estas jurisdicciones: durante su primer mandato intentó congelar fondos federales, aunque en la mayoría de los casos los tribunales fallaron en contra del Gobierno.