Atención, extranjeros. Recientement, se conoció que los legisladores de Carolina del Norte de Estados Unidos están impulsando la implementación de nuevas normativas migratorias que podrían tener un fuerte impacto en la población de inmigrantes indocumentados. En una reunión, el Comité Judicial del Senado dio su visto bueno al Proyecto de Ley HB 318, conocido como la "Ley de Control de Inmigrantes Ilegales Criminales". ¿De qué trata?
PUEDES VER: Se confirmó el fin de las vacaciones de verano: estas son las fechas de inicio de clases en Florida 2025-2026
Aprueban ley que facilita su deportación y detención hasta 48 horas extras en este estado
La propuesta que ofrece el Proyecto de Ley HB 318, tiene como objetivo ampliar los criterios para la detención de inmigrantes sin documentos, lo que permitiría a las autoridades locales mantener a estas personas bajo custodia por un periodo adicional de 48 horas si no logran verificar su estatus migratorio.
Con esta radical medida, se busca proporcionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el tiempo necesario para llevar a cabo los procesos de deportación correspondientes en esta región.
Vale precisar que la ley HB 318 establece que, en situaciones donde un juez o magistrado no logre verificar el estatus migratorio de una persona detenida por un delito grave o por conducir bajo los efectos del alcohol, se deberá retener a dicha persona durante dos horas adicionales.
Este tiempo se destina a consultar a ICE y confirmar si existe una orden de detención. Y si se verifica la orden, el detenido permanecerá bajo custodia hasta 48 horas después de la fecha en que, de no ser por esta normativa, habría sido liberado, facilitando así la recogida por parte de ICE para su deportación.
Autoridades debaten esta polémica propuesta de ley en Carolina del Norte
La implementación de esta ley ha suscitado un cuestionado debate. Por ello, Carson Smith, representante republicano por Pender y exsheriff, respalda la normativa, argumentando que busca "aclarar y realizar algunos cambios" en la legislación original para asegurar que los inmigrantes indocumentados que cometen delitos graves sean detenidos y entregados a ICE.
No obstante, quienes se oponen a la ley advierten que podría constituir una violación de derechos constitucionales y un abuso de poder, ya que obliga a las autoridades locales a colaborar con ICE, incluso en casos donde los cargos han sido desestimados o la persona ha sido exonerada.