Después de 24 años, la ley educativa que permitía a muchos estudiantes inmigrantes pagar matrículas más bajas en universidades públicas dejó de estar vigente. En Texas, el gobernador estatal aceptó esta semana el mandato del gobierno de Donald Trump para frenar esos beneficios.
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Inmigrantes sin beneficios en Texas
El miércoles 4 de junio, la gobernación de Texas, liderada por Greg Abbott, aceptó el mandato del gobierno central sobre la reforma en las leyes educativas. Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una demanda contra el estado, Texas decidió derogar la ley que permitía a muchos estudiantes inmigrantes acceder a distintas facilidades de pago y a matrículas más bajas en las universidades públicas.
La Universidad de Houston fue fundada en 1927 y es la tercera universidad más grande de la región.El fiscal general de Texas, Ken Paxton, comentó: “Poner fin a esta disposición discriminatoria y antiamericana es una gran victoria para Texas”. Por su parte, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, añadió: “Según la ley federal, las escuelas no pueden brindar a los inmigrantes indocumentados beneficios que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer cumplir la ley federal y garantizar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ningún lugar del país”.
Los especialistas no aceptan
Robert Henneke, director ejecutivo y asesor general de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, criticó la ley anterior: “Estados como Texas han violado claramente la ley federal en este tema. En todo caso, es sorprendente que esto no se haya presentado antes”. Por otro lado, el cofundador de TheDream.US, Don Gram, advirtió que muchos de estos jóvenes ya vienen enfrentando distintas barreras para acceder a la universidad. Según él, esta acción legal podría poner fin a sus estudios o directamente impedir que completen sus carreras.
Esta ley estaba vigente desde 2001, y para calificar en estos programas, los estudiantes debían haber vivido en Texas al menos tres años antes de graduarse de la preparatoria y al menos un año antes de inscribirse en la universidad. Además, tenían que firmar una declaración jurada en la que afirmaban estar en proceso de solicitar la residencia legal.